La entrada en vigor de la jornada laboral de 35 horas en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) el 1 de junio genera incertidumbre crítica en Ceuta y Melilla. Los sindicatos CSIF, CCOO y CEMSATSE rechazan la medida por su imposición unilateral, su impacto en la cobertura asistencial y la ausencia de refuerzo de plantillas. La apertura de centros de salud los sábados por la mañana ya no está garantizada.
¿Por qué los sindicatos rechazan la jornada de 35 horas en INGESA?
Los representantes sindicales denuncian que la Administración no negoció. Solo comunicó una decisión ya tomada. No hubo intercambio de propuestas ni búsqueda de consenso. La reunión de la Mesa Sectorial en Madrid se convirtió en una lectura de resolución, no en un diálogo. Según Elisabeth Muñoz (CEMSATSE), “negociar es encontrar un punto intermedio. Aquí no hubo nada de eso”.
La resolución no es un acuerdo, es una imposición
La medida no se aprueba como acuerdo sectorial. Sale como resolución administrativa, lo que le otorga carácter vinculante sin consenso. Esa forma de adopción vulnera el marco de la negociación colectiva previsto en la Ley de Empleo Público y el Estatuto de los Trabajadores. Los sindicatos consideran que se elude el deber de diálogo previo exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
¿Qué pasa con la atención sanitaria los sábados en Ceuta y Melilla?
La reducción de horas sin aumento de personal pone en riesgo la continuidad asistencial. En territorios con menor densidad de población y menor capacidad de relevo, como Ceuta y Melilla, la supresión de turnos o la reducción de horarios afecta directamente a la accesibilidad. La apertura de los centros de salud los sábados por la mañana queda “en el aire”, según los sindicatos.
La brecha territorial se agrava
Ceuta y Melilla ya soportan desigualdades estructurales: menor inversión por habitante, dificultades para atraer y retener profesionales, y menor autonomía normativa. La aplicación rígida de la jornada de 35 horas, sin adaptación territorial ni dotación compensatoria, profundiza esa brecha. No se contempla un protocolo específico para zonas ultraperiféricas ni para servicios esenciales con baja rotación.
¿Cómo afecta la reducción de horas a la sostenibilidad del sistema sanitario?
Menos horas no equivalen automáticamente a mejor salud laboral si no va acompañado de reorganización eficiente y refuerzo de plantillas. En INGESA, el número de profesionales por 1.000 habitantes sigue por debajo de la media nacional. La reducción sin contrapartida genera sobrecarga en turnos restantes, mayor rotación y riesgo de errores asistenciales.
El impacto económico es real y cuantificable
Un estudio del Observatorio de Recursos Humanos del SNS estima que cada 10 % de reducción no compensada en jornada ordinaria eleva un 12 % el absentismo por estrés laboral. En Ceuta, donde el 38 % de los profesionales sanitarios reporta agotamiento crónico (según encuesta de CCOO 2024), la medida podría incrementar costes indirectos en formación, sustituciones y reclamaciones laborales.
¿Qué acciones legales se prevén contra la resolución?
CEMSATSE ya ha anunciado su intención de impugnar la resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La vía judicial se basará en tres argumentos clave: vulneración del derecho de negociación colectiva, falta de motivación suficiente sobre la viabilidad asistencial y violación del principio de igualdad territorial. CSIF y CCOO evalúan acciones coordinadas, incluyendo recursos de alzada y posibles huelgas sectoriales.
Datos Clave
- La jornada de 35 horas entra en vigor el 1 de junio de 2024 en INGESA.
- No hubo acuerdo en la Mesa Sectorial: la medida se impone por resolución administrativa.
- En Ceuta y Melilla, la apertura de centros de salud los sábados está sin garantía operativa.
- No se ha previsto aumento de plantillas ni reorganización de turnos para compensar la reducción.
- CEMSATSE impugnará la resolución; CCOO y CSIF estudian acciones legales y laborales.
La tridimensionalidad del conflicto es clara: en el plano contextual, refleja la tensión entre reformas laborales nacionales y realidades locales; en el económico, expone el costo oculto de recortes no planificados en salud pública; y en el marco legal, pone a prueba los límites de la potestad administrativa frente al derecho de participación sindical y la protección de los servicios esenciales.
