Ceuta registra una contratación laboral persistentemente debilitada desde 2023. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) vincula esta tendencia con la reforma del sistema de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. En 2024 se firmaron 13.833 contratos: un 18,4 % menos que en 2022. Aunque hubo una leve recuperación en 2025, la cifra sigue un 13,9 % por debajo de los niveles pre-pandemia y muy lejos de los máximos anteriores a la reforma.
¿Qué cambió con el Real Decreto-ley 1/2023?
El gobierno central sustituyó el régimen anterior de bonificaciones por un esquema más restrictivo. Antes, las empresas ceutíes disfrutaban de bonificaciones del 50 % en las cuotas empresariales de forma permanente y automática. Esto incentivaba la contratación estable y temporal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
El fin de la previsibilidad fiscal
La nueva normativa introdujo condiciones subjetivas, plazos limitados y exclusiones sectoriales. Las bonificaciones dejaron de ser automáticas. Ahora dependen de convocatorias puntuales, cumplimiento de requisitos adicionales y autorización previa. Esto generó incertidumbre jurídica, especialmente en contratos temporales de corta duración.
¿Por qué la hostelería y el comercio quedaron fuera?
La CECE señala que sectores clave para Ceuta —como comercio, hostelería, servicios y actividades auxiliares— fueron excluidos de muchas ayudas post-reforma. Estas actividades generan empleo estacional y flexible, pero el nuevo sistema prioriza contratos indefinidos o de larga duración. Así, las pymes locales perdieron un instrumento clave para gestionar su plantilla con agilidad.
Mayor carga administrativa sin retorno real
Las empresas deben ahora gestionar trámites adicionales: solicitudes, justificaciones, informes contables y seguimiento de plazos. Todo ello sin garantía de aprobación. La patronal denuncia que esta complejidad no se compensa con una mejora real en la cobertura o en la tasa de aprobación de las ayudas.
¿Cuál es el impacto económico real en Ceuta?
La caída sostenida de contratos no es un indicador aislado. Refleja una menor inversión empresarial, una reducción de la competitividad local y una fuga de talento joven. Ceuta depende fuertemente del empleo privado: el 72 % de los ocupados trabaja en el sector servicios. Cuando las bonificaciones se restringen, las empresas postergan contrataciones o externalizan funciones. Esto afecta directamente al índice de actividad económica y a la recaudación local.
El efecto en la afiliación a la Seguridad Social
A pesar de los incrementos en la afiliación registrados en 2024–2025, la CECE advierte que no reflejan contratación genuina. Muchos de esos incrementos corresponden a trabajadores por cuenta propia o a reafiliaciones de personas ya activas. La contratación formal —especialmente indefinida— sigue estancada.
¿Qué dice el marco legal actual?
El Real Decreto-ley 1/2023, modificado por posteriores órdenes ministeriales, mantiene un sistema de bonificaciones condicionado a objetivos de empleo estable, formación y sostenibilidad. Sin embargo, su aplicación en Ceuta choca con realidades territoriales específicas: alta estacionalidad, menor tamaño medio de empresa y menor capacidad de gestión administrativa. No existe una excepcionalidad ceutí en la normativa, pese a su condición de ciudad autónoma con competencias propias en empleo.
Datos Clave
- En 2024 se firmaron 13.833 contratos en Ceuta: 18,4 % menos que en 2022.
- La contratación sigue un 13,9 % por debajo de los niveles pre-covid.
- Las bonificaciones del 50 % eran automáticas y permanentes antes de 2023.
- Sectores como hostelería y comercio quedaron mayoritariamente excluidos de las nuevas ayudas.
- El sistema actual exige trámites administrativos adicionales sin garantía de cobertura.
La reforma no consideró las particularidades económicas de Ceuta. El resultado es una contratación más frágil, una inversión empresarial más cautelosa y una menor capacidad de atracción de talento. La patronal exige una revisión del régimen de bonificaciones que reconozca la realidad laboral de las ciudades autónomas y su dependencia de empleo flexible y de proximidad.
