El Reino Unido ha tomado una decisión histórica al hacer obligatoria la recopilación de datos sobre la etnicidad y nacionalidad de todos los sospechosos en casos de abuso sexual infantil. Esta medida surge tras años de escándalos relacionados con bandas de abuso sexual, conocidas como “grooming gangs”, y la incapacidad de las instituciones para abordar abiertamente la dimensión étnica del problema. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha reconocido que la falta de transparencia ha permitido que la criminalidad se extienda y ha estigmatizado a comunidades enteras.
La decisión de implementar esta medida es parte de un conjunto de 12 recomendaciones formuladas por la Baronesa Louise Casey, quien realizó una revisión exhaustiva sobre la explotación sexual infantil en grupo en Inglaterra y Gales. Su informe, que ha sido calificado como un “fracaso colectivo” para enfrentar la realidad étnica de los perpetradores, destaca que, a pesar de la evidencia acumulada en procesos judiciales y revisiones locales, las instituciones han sido reacias a registrar o analizar estos datos por temor a ser acusadas de racismo o a provocar tensiones sociales.
### La Realidad de la Explotación Sexual Infantil
El informe de Casey revela que, en la actualidad, no se registra información sobre la etnicidad de los sospechosos en dos tercios de los casos de abuso sexual infantil. Aunque no se pueden extraer conclusiones definitivas a nivel nacional debido a la falta de datos, se ha encontrado evidencia sólida en tres jurisdicciones: Greater Manchester, South Yorkshire y West Yorkshire, que indica una sobrerrepresentación de hombres de origen asiático entre los sospechosos de explotación sexual infantil en grupo. Este patrón ha sido observado en investigaciones locales previas y en procesos judiciales, lo que justifica una mayor indagación.
En el contexto británico, el término “asiático” se refiere principalmente a personas originarias del sur de Asia, como Pakistán, Bangladés e India. En casos notorios de explotación sexual infantil, como los escándalos en Rotherham, Rochdale, Telford y Oxford, la mayoría de los perpetradores condenados eran ciudadanos británicos de segunda o tercera generación con ascendencia pakistaní. Esta falta de precisión en la recolección de datos ha contribuido a una doble injusticia: la falta de protección a las víctimas y el daño reputacional a comunidades enteras.
La Baronesa Casey ha sido clara al afirmar que no nombrar a los responsables con precisión no ha evitado el racismo, sino que lo ha facilitado, dejando espacio para la desinformación y la estigmatización. La investigación de Casey se suma a una larga serie de estudios y reportajes que han revelado una realidad alarmante: niñas que fueron ignoradas, desacreditadas e incluso criminalizadas cuando denunciaron haber sido víctimas de redes de explotación sexual.
### Una Nueva Investigación Nacional
Ante la gravedad de las conclusiones del informe, el gobierno británico ha anunciado el inicio de una investigación nacional independiente, tal como recomendó la Baronesa Casey. Esta investigación, que tendrá carácter oficial y poderes para citar a declarar y exigir documentación, buscará examinar cómo y por qué diversas instituciones públicas han fallado sistemáticamente en la protección de menores. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) coordinará esta investigación y liderará una nueva operación policial para revisar casos no investigados o archivados en el pasado.
Entre las medidas recomendadas por Casey y aceptadas por el gobierno se incluye la reforma legal para asegurar que cualquier adulto que tenga sexo con penetración con una persona menor de 16 años sea acusado automáticamente de violación. Además, se revisarán las condenas a víctimas que fueron criminalizadas injustamente. En su intervención ante la Cámara de los Comunes, la ministra Cooper ofreció una disculpa explícita a las víctimas y supervivientes de explotación sexual, reconociendo el dolor y sufrimiento que han padecido debido al fracaso de las instituciones para protegerlas.
Uno de los testimonios más impactantes tras la publicación del informe fue el de Fiona Goddard, una superviviente de abuso en Bradford, quien afirmó que la mayoría de sus agresores eran hombres paquistaníes. Goddard subrayó que la falta de acción por parte de las instituciones permitió que estos crímenes ocurrieran, en parte debido a la raza de los perpetradores y a quiénes eran las víctimas. La Baronesa Casey también ha señalado que muchas organizaciones han evitado abordar el tema del abuso sexual infantil por miedo a parecer racistas o a generar tensiones comunitarias.
A pesar de la contundencia del informe, persisten grandes lagunas en el conocimiento del fenómeno de la explotación sexual infantil en grupo en el Reino Unido. Casey ha enfatizado que es un fracaso de la política pública que aún se cuente con datos tan limitados y poco fiables en este ámbito. La revisión urge al gobierno a investigar las causas subyacentes del fenómeno, incluyendo factores culturales y el papel de las redes sociales. La falta de progreso real a lo largo de los años ha generado frustración entre quienes han trabajado en este tema, y la publicación del informe ha provocado un raro consenso político en Westminster, donde se reconoce la necesidad de actuar para proteger a las víctimas y prevenir futuros abusos.
