Ceuta sigue excluida del reparto de Total Admisible de Capturas (TAC) para el atún rojo, una situación que paraliza la almadraba local y genera pérdidas diarias. Desde 2007, la normativa prohíbe su captura en aguas ceutíes, pese a su presencia natural y al impacto económico que supondría su inclusión. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha iniciado gestiones técnicas y legales para revertirlo.
¿Por qué Ceuta está excluida del reparto de cuotas de atún rojo?
La exclusión de Ceuta del sistema de Total Admisible de Capturas (TAC) no responde a una ausencia biológica del atún rojo, sino a una decisión administrativa basada en su condición de ciudad autónoma. Aunque forma parte del territorio aduanero y jurídico de la Unión Europea, Ceuta no está integrada en el Reglamento (CE) nº 1569/2007, que asigna cuotas nacionales según flota registrada, capacidad de desembarque y tradición pesquera reconocida.
Este vacío normativo deja a los pescadores ceutíes sin acceso a licencias específicas, aunque operen con técnicas tradicionales como la almadraba, reconocida por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) como método sostenible.
El impacto económico de la exclusión
- Cada temporada de almadraba moviliza hasta 120 trabajadores locales.
- Las capturas se detienen al detectar un solo ejemplar de atún rojo, generando pérdidas diarias estimadas en 3.200 €.
- El sector aporta el 18 % del PIB pesquero de Ceuta, pero su crecimiento está estancado por la falta de cuota.
¿Qué dice la normativa internacional sobre la pesca del atún rojo?
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) fija anualmente el Total Admisible de Capturas (TAC) para el Atlántico Este y el Mediterráneo. La Unión Europea recibe una parte proporcional y la redistribuye entre Estados miembros bajo criterios técnicos y históricos.
Sin embargo, el Reglamento (UE) 2019/1241 no contempla explícitamente a las ciudades autónomas. Ceuta no figura en los anexos de flotas elegibles, ni en los informes de evaluación de impacto socioeconómico de la ICCAT.
El marco legal español tampoco resuelve la brecha
La Ley 3/2001, de Pesca Marítima, reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de cuotas internacionales. Pero no establece mecanismos de inclusión para territorios con régimen especial. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reiterado que cualquier modificación requiere una propuesta formal ante la UE y la ICCAT.
¿Qué soluciones técnicas y administrativas están en marcha?
El delegado del Gobierno ha activado un canal técnico con Sanidad Exterior y el inspector veterinario para alinear los requisitos de trazabilidad, inspección y certificación exigidos por la UE. Estos pasos son previos a una solicitud formal de inclusión en el sistema de cuotas.
Además, se evalúa la posibilidad de que Ceuta se integre como unidad pesquera asociada bajo el régimen de cooperación previsto en el Reglamento (UE) 1380/2013.
Avances concretos hasta la fecha
- Reunión técnica con Sanidad Exterior el 21 de julio.
- Documentación técnica entregada a la Dirección General de Pesca Marítima.
- Solicitud de informe jurídico sobre viabilidad de inclusión por vía de modificación del Real Decreto 1077/2021.
¿Cuál es el impacto real en la almadraba ceutí?
La almadraba ceutí no es una actividad marginal: es un sistema ancestral de captura selectiva, con bajo impacto ambiental y alta valoración comercial. Su paralización obligatoria ante la presencia de atún rojo afecta a 14 embarcaciones y 86 familias directamente vinculadas.
Datos Clave
- La prohibición de captura de atún rojo en Ceuta data de 2007.
- La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) permite métodos tradicionales como la almadraba bajo certificación.
- Ceuta no forma parte del sistema de asignación de Total Admisible de Capturas (TAC) de la UE.
- El 92 % de los pescadores ceutíes considera la inclusión en cuotas como “prioridad absoluta” (encuesta Cofradía, julio 2024).
- La UE exige trazabilidad completa: captura, inspección veterinaria y certificación sanitaria previa al desembarque.
¿Qué sigue después de la reunión del 22 de julio?
El encuentro con los pescadores no es un acto protocolario. Es el primer paso formal para construir un expediente técnico-jurídico que respalde una solicitud ante Bruselas. El delegado ha confirmado que se remitirá un informe conjunto a la Dirección General de Pesca Marítima y al Ministerio de Asuntos Exteriores antes del 31 de julio.
La tridimensionalidad del caso es clara: desde el contexto actual —una almadraba paralizada y pescadores en pérdidas—, pasa por el impacto económico —desempleo estacional y pérdida de valor añadido—, hasta el marco práctico y legal —falta de reconocimiento normativo y necesidad de adaptación regulatoria—. Sin una solución estructural, la exclusión seguirá siendo un obstáculo para la soberanía pesquera real de Ceuta.
