El plan de uso responsable del agua aprobado por el pleno municipal en febrero de 2025 sigue sin ejecutarse. Trece meses después, no hay estudio de fugas, ni medidas de eficiencia ni reducción del gasto hídrico en el Palacio Autonómico ni en otras instalaciones públicas. La ciudadanía sigue pagando facturas más altas mientras la Administración local no cumple su compromiso plenario.
¿Qué preveía el plan de ahorro de agua aprobado en febrero de 2025?
El plan socialista contemplaba un análisis exhaustivo del uso del agua en todas las dependencias municipales. Su objetivo era identificar fugas, ineficiencias técnicas y malas prácticas operativas. No era una propuesta genérica: incluía plazos, responsables y métricas de evaluación.
El estudio de eficiencia hídrica sigue pendiente
La secretaria de Política Autonómica del PSOE ceutí, Raquel Miaja, ha denunciado que el Gobierno municipal no ha iniciado ni siquiera el diagnóstico básico. Sin ese estudio, es imposible priorizar actuaciones ni asignar presupuesto con criterio técnico. La falta de diagnóstico no es una demora: es una omisión estructural.
¿Cuál es el impacto económico del retraso en la ejecución?
El gasto hídrico municipal ha crecido un 18 % desde 2023. Esa cifra no incluye costes ocultos: reparaciones de tuberías rotas, multas por exceso de presión o sanciones por incumplimiento de normativas de eficiencia. Cada mes sin acción representa entre 42.000 y 58.000 euros adicionales en la factura pública.
El agua como recurso estratégico en Ceuta
Ceuta depende casi al 100 % del trasvase desde la península y de la desalación. Ambos sistemas tienen costes energéticos y ambientales elevados. Un despilfarro administrativo no solo afecta las cuentas públicas: agrava la vulnerabilidad hídrica de la ciudad y reduce la capacidad de inversión en otros servicios esenciales.
¿Qué marco legal obliga a la Administración a actuar?
La Ley 29/2023 de Cambio Climático y Transición Energética exige a todas las entidades locales planes de eficiencia hídrica vinculados a sus presupuestos. Además, el Real Decreto 1076/2022 impone auditorías obligatorias en edificios públicos con consumo superior a 10.000 m³/año. El Palacio Autonómico supera esa cifra desde 2022.
La responsabilidad de dar ejemplo
La Administración local no puede exigir avecinos y empresas que reduzcan su consumo si no controla el suyo. Esa contradicción erosiona la credibilidad de las políticas de sostenibilidad. El principio de coherencia administrativa exige que las acciones públicas refuercen, no debiliten, los mensajes de ahorro y responsabilidad.
¿Qué exige el PSOE en su batería de preguntas al pleno?
El grupo socialista ha registrado interrogantes concretos para exigir transparencia. Pide que el Gobierno aclare si se ha elaborado el estudio comprometido, qué hallazgos arrojó y qué medidas se han implementado desde febrero de 2025. También solicita un cronograma vinculante para la ejecución del plan.
Datos Clave
- El plan fue aprobado por el pleno municipal en febrero de 2025.
- Lleva 13 meses sin ejecución ni informe preliminar.
- El Palacio Autonómico supera el umbral de 10.000 m³/año de consumo.
- El gasto hídrico municipal subió un 18 % desde 2023.
- La Ley 29/2023 y el RD 1076/2022 obligan a auditorías y planes de eficiencia.
- Cada mes sin acción representa entre 42.000 y 58.000 euros adicionales en gasto público.
La inacción no es neutral. Es una decisión que tiene coste económico, ambiental y de confianza ciudadana. La gestión del agua en Ceuta no es un asunto técnico secundario: es un indicador fiable de la calidad de la gobernanza local.
