Más de 130 profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) se concentraron este martes frente al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Protestan contra la entrada en vigor, el 1 de junio, de la jornada laboral de 35 horas en Ceuta y Melilla. Es la tercera movilización en dos semanas. No ha habido respuesta institucional. La Dirección General del INGESA, con sede en Madrid, mantiene silencio absoluto. Los trabajadores exigen diálogo. No obtienen ni una reunión.
¿Por qué los trabajadores de INGESA rechazan la jornada de 35 horas?
La medida se aplica exclusivamente en Ceuta y Melilla. Son las únicas ciudades gestionadas directamente por el Ministerio de Sanidad mediante el INGESA. El resto del sistema público español sigue con la jornada ordinaria de 37,5 horas. Los profesionales denuncian que la reducción no va acompañada de refuerzos ni de ajustes operativos.
La resolución fue aprobada unilateralmente. No hubo negociación colectiva. Tampoco se evaluó su impacto en la atención sanitaria. Los sindicatos CSIF, CCOO, CEMSATSE y SAE integran la Junta de Personal. Su presidente, Alejandro Artero, confirma: “Todo sigue igual”.
El rol de Suso Junquera en la decisión
Suso Junquera, subdirector general de Gestión Sanitaria, lideró la reunión donde se comunicó la medida. Es la figura clave tras la resolución. Trabaja bajo la dirección de Isabel Muñoz, directora general del INGESA. Su decisión no contempló mecanismos de participación sindical. Tampoco se publicó un informe técnico previo.
¿Cuál es el impacto económico real de la jornada de 35 horas en Ceuta y Melilla?
La reducción implica una pérdida estimada de 10.000 horas mensuales por centro. En Ceuta, eso equivale a 12 puestos de trabajo no cubiertos. En Melilla, la cifra es similar. No se han contratado sustitutos. Tampoco se ha redistribuido la carga asistencial.
Los hospitales ya operan con listas de espera superiores al 15 %. La presión asistencial ha aumentado un 22 % desde 2023. La jornada reducida agrava la sobrecarga del personal restante. El riesgo de agotamiento profesional y errores médicos crece.
Falta de financiación compensatoria
El Ministerio de Sanidad no ha asignado fondos adicionales para cubrir la brecha horaria. No existe partida presupuestaria para contratación temporal ni para incentivos por sobrecarga. La medida se aplica sin respaldo financiero. Esto viola el principio de sostenibilidad del sistema sanitario.
¿Qué marco legal regula la jornada de 35 horas en el INGESA?
El INGESA no es una administración autonómica. Es un organismo público adscrito al Ministerio de Sanidad. Su régimen laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores, no por convenios autonómicos. La reducción de jornada requiere acuerdo previo con los representantes legales.
La resolución carece de base normativa específica. No se ampara en ley orgánica ni en real decreto. Tampoco se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su validez jurídica es cuestionable.
La vía judicial como recurso inminente
Los sindicatos estudian impugnar la resolución ante los Juzgados de lo Social. Argumentarán vulneración del derecho de participación y falta de motivación. También se analiza una posible denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del artículo 34 del Estatuto.
¿Qué datos clave deben conocer los profesionales sanitarios?
- La jornada de 35 horas entró en vigor el 1 de junio de 2024, sin negociación previa.
- Afecta exclusivamente a los trabajadores del INGESA en Ceuta y Melilla, no al resto del SNS.
- La decisión fue adoptada por la Dirección General del INGESA, sin informe técnico ni evaluación de impacto.
- No se han previsto refuerzos ni ajustes presupuestarios para garantizar la continuidad asistencial.
- La Junta de Personal ha convocado protestas cada lunes de junio. La huelga está “sobre la mesa”.
- La resolución no ha sido publicada en el BOE, lo que cuestiona su validez formal.
¿Qué sigue después del 30 de junio?
Si no hay avances antes del fin de mes, la Junta de Personal activará mecanismos de presión escalonada. La huelga no es una amenaza retórica. Es una opción técnica y legalmente viable. Los sindicatos ya han iniciado la fase previa de consultas con sus bases. La convocatoria podría ser simultánea en Ceuta y Melilla, con efectos inmediatos en urgencias, quirófanos y atención primaria.
El silencio de Madrid no es neutral. Es una decisión política. Y tiene consecuencias reales: listas de espera más largas, mayor rotación de personal y menor calidad asistencial. La gestión sanitaria en ciudades autónomas no puede desligarse de la realidad operativa. Ni del marco legal que protege los derechos laborales.
