UGT Servicios Públicos denuncia modificaciones no consensuadas en las bolsas de empleo temporal de INGESA en Ceuta. Estas alteraciones impactan directamente a Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico (TER), generando inseguridad laboral, pérdida de antigüedad y obstáculos para la estabilidad profesional. La situación exige revisión inmediata desde la Comisión Central de Seguimiento del Pacto de Empleo 2024.
¿Qué irregularidades detectó UGT en las bolsas de empleo de INGESA?
UGT señala una modificación unilateral del sistema de llamamientos. No hubo acuerdo previo ni comunicación formal a los trabajadores. Esta decisión afecta a profesionales que acumulan más de nueve meses de trabajo en un periodo de dieciocho meses mediante contratos por acumulación de tareas.
Estos técnicos dejan de recibir nuevos llamamientos, sin base legal explícita en la normativa vigente. El sindicato califica la práctica como una penalización encubierta, no prevista en el Pacto de Empleo ni en la Orden de Bolsas Electrónicas de INGESA.
¿Por qué se considera una vulneración del Pacto de Empleo 2024?
El Pacto, firmado en junio de 2024, establece principios de transparencia, estabilidad y progresión para el personal estatutario temporal. La suspensión automática de llamamientos contradice su espíritu y letra. No existe cláusula que autorice la exclusión por mera acumulación de jornadas.
Además, el Pacto prevé mecanismos de seguimiento activo. La Comisión Central debió haber sido informada antes de la implementación de cambios operativos. Su ausencia en la toma de decisiones socava la gobernanza participativa acordada.
¿Cómo afecta esta práctica a la carrera profesional de los TER?
La interrupción de llamamientos impide la continuidad laboral necesaria para consolidar la experiencia, adquirir formación específica y sumar antigüedad. Esto repercute en la valoración curricular para futuras convocatorias de estabilidad y en el acceso a complementos retributivos vinculados a la antigüedad.
¿Qué riesgos económicos genera para los trabajadores?
La precariedad se traduce en pérdida de ingresos recurrentes, dificultad para acceder a créditos bancarios y ausencia de proyección salarial. Cada mes sin llamamiento reduce la posibilidad de alcanzar el umbral de doce meses continuados exigido para la conversión a fijo en algunos regímenes.
¿Qué marco legal regula las bolsas de empleo en el ámbito sanitario estatal?
Las bolsas de INGESA se rigen por la Ley 55/2003 del Estatuto de los Empleados Públicos, la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la recuperación económica, y las instrucciones específicas de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad. Ninguna de estas normas autoriza la exclusión automática por acumulación de contratos.
¿Qué papel tiene la Comisión Central de Seguimiento?
Es el órgano de control paritario previsto en el Pacto de Empleo. Su función es supervisar la aplicación de los acuerdos, resolver incidencias y proponer ajustes. Su convocatoria urgente no es una opción: es una obligación institucional ante una práctica que afecta a cientos de profesionales en Ceuta y otras ciudades con gestión INGESA.
Datos Clave
- UGT denuncia una modificación unilateral del sistema de llamamientos en las bolsas de INGESA.
- Profesionales con más de nueve meses acumulados en 18 meses dejan de recibir llamamientos.
- No existe previsión normativa que respalde esta exclusión: es una penalización encubierta.
- La práctica afecta la antigüedad, la estabilidad laboral y la proyección profesional de los TER.
- La Comisión Central de Seguimiento del Pacto de Empleo 2024 aún no ha analizado el caso.
La situación en Ceuta no es aislada. Refleja una tensión creciente entre la digitalización acelerada de las bolsas electrónicas y la falta de salvaguardas sociales. Desde el punto de vista económico, la inestabilidad reduce la inversión en formación continua y fomenta la fuga de talento hacia el sector privado o comunidades autónomas con mayor previsibilidad. Desde el marco práctico, exige una actualización urgente de los protocolos de gestión de bolsas, con participación real de los representantes sindicales y alineación con los estándares de E-E-A-T (experiencia, experiencia, autoridad y confianza) exigidos por la administración pública moderna.
