Los Presupuestos Generales del Estado no se aprobaron en esta legislatura. Es la primera vez desde la restauración democrática que un Gobierno gobierna sin cuentas aprobadas. La parálisis legislativa, los escándalos de corrupción y las alianzas frágiles definieron un ciclo sin ley de gastos públicos. Esto afectó la planificación económica, la inversión territorial y la credibilidad institucional.
¿Qué implica no aprobar los Presupuestos Generales del Estado?
No aprobar los Presupuestos Generales del Estado significa gobernar por créditos extraordinarios. Estos permiten mantener el gasto corriente, pero impiden nuevas inversiones, reformas estructurales y transferencias autonómicas con garantía.
El Gobierno aplicó el prórroga presupuestaria, una medida excepcional que mantiene los gastos del año anterior. Sin embargo, no autoriza nuevas políticas públicas ni ajustes a la realidad económica.
Esta situación generó incertidumbre en administraciones locales y autonómicas. Muchos proyectos quedaron congelados. Las comunidades autónomas, como la ciudad autónoma de Melilla, sufrieron retrasos en fondos europeos y planes de recuperación.
¿Cómo afectó la corrupción a la aprobación de los Presupuestos?
Los casos de Ábalos, Cerdán, Koldo y Leire Díez erosionaron la confianza parlamentaria. Cada escándalo debilitó la capacidad de negociación del Gobierno con partidos de apoyo.
La figura de la llamada fontanera —Leire Díez— reveló vínculos entre actores del Gobierno y presiones indebidas sobre el sistema judicial. Las siglas P.S. halladas en su libreta intensificaron la crisis de legitimidad.
Los socios de investidura, como Sumar y ERC, mantuvieron su respaldo a pesar de las acusaciones. Esto generó críticas sobre la flexibilidad ética en las alianzas de izquierdas.
La responsabilidad política de Pedro Sánchez
El diputado Javier Celaya atribuye la parálisis al presidente del Gobierno. No por falta de intentos, sino por falta de control sobre su equipo. Sánchez nombró a los implicados y no ejerció supervisión efectiva.
Esto no es solo un fallo administrativo. Es un fracaso de gobernabilidad en un sistema parlamentario que exige acuerdos mínimos de confianza.
¿Qué consecuencias económicas tuvo la ausencia de Presupuestos?
La ausencia de cuentas públicas fijas retrasó la ejecución de fondos Next Generation EU. España dejó de movilizar 12.400 millones de euros en 2023 por falta de marco presupuestario claro.
Las pequeñas y medianas empresas perdieron acceso a líneas de crédito vinculadas a planes sectoriales. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ralentizó en 17 de las 28 líneas prioritarias.
Además, el déficit público se disparó al 4,1 % del PIB en 2023 —por encima del 3 % exigido por el Pacto de Estabilidad— por la imposibilidad de reequilibrar ingresos y gastos.
El impacto en las ciudades autónomas
Melilla y Ceuta recibieron menos del 60 % de los fondos comprometidos para infraestructuras. El “congelador de Armengol”, como lo bautizó Celaya, simboliza la parálisis en la ejecución de proyectos clave: saneamiento, digitalización y formación profesional.
¿Qué marco legal permite gobernar sin Presupuestos?
La Constitución Española, en su artículo 134, establece que los Presupuestos Generales del Estado deben aprobarse anualmente. Pero no prevé sanciones automáticas si no se cumplen.
La Ley General Presupuestaria permite la prórroga, pero solo si el Gobierno presenta las cuentas antes del 1 de octubre. En 2023, el Ejecutivo no cumplió ese plazo.
El Tribunal de Cuentas advirtió que la prórroga no sustituye la obligación constitucional. Sin embargo, no tiene poder sancionador directo sobre el Gobierno.
Datos Clave
- Esta es la primera legislatura sin Presupuestos aprobados desde 1978.
- Se acumularon más de 12 casos de corrupción vinculados al Gobierno entre 2020 y 2023.
- El déficit público superó el 4,1 % del PIB en 2023, frente al 2,9 % previsto en el borrador inicial.
- Melilla y Ceuta dejaron de ejecutar más del 40 % de sus fondos europeos por falta de marco presupuestario.
- El Congreso de los Diputados no votó ninguna ley de gastos en cuatro años.
La ausencia de cuentas públicas no es un mero tecnicismo. Es un síntoma de crisis institucional, debilidad económica y erosión del Estado de Derecho. Sin Presupuestos Generales del Estado, no hay planificación democrática. Sin planificación, no hay futuro compartido.
