La reciente propuesta del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de España busca reformar el sistema de multas de tráfico, introduciendo un enfoque que ajusta las sanciones según la capacidad económica del infractor. Esta iniciativa, que podría tener un impacto significativo en todo el país, pretende abordar la desigualdad que actualmente existe en el sistema sancionador, donde una multa de 100 euros puede afectar de manera muy diferente a una persona con ingresos altos en comparación con alguien que percibe el salario mínimo.
La propuesta plantea que las multas se incrementen de acuerdo con los ingresos del infractor. Por ejemplo, se sugiere un aumento del 150% para aquellos con ingresos anuales entre 70,000 y 85,000 euros, un 300% para quienes ganan entre 85,000 y 100,000 euros, y un 500% para aquellos que superan los 100,000 euros al año. Este enfoque busca garantizar que las sanciones tengan un efecto disuasorio similar para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta.
Por otro lado, la propuesta también contempla la posibilidad de reducir las sanciones para aquellos con menores ingresos. Se sugiere una reducción del 30% para personas que ganan hasta 1.5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 15% para quienes perciben entre 1.5 y 2.5 veces el SMI. De esta manera, se busca que las multas sean proporcionales a la capacidad económica de cada infractor, evitando que una sanción pueda suponer un problema grave para quienes tienen recursos limitados.
Este modelo de multas progresivas no es nuevo en el ámbito internacional. Países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza y el Reino Unido ya aplican un sistema similar, donde las sanciones de tráfico se ajustan a la renta del infractor. La idea detrás de esta práctica es evitar que las personas con un alto poder adquisitivo puedan incumplir las normas sin que las sanciones representen un verdadero castigo. Sumar argumenta que la proporcionalidad en las sanciones es fundamental para fomentar el respeto a la normativa de tráfico.
Además de la modificación en las sanciones de tráfico, la Proposición de Ley incluye una disposición que permite al Gobierno elaborar un informe sobre la viabilidad de aplicar este principio de progresividad en otros ámbitos sancionadores. Esto podría abrir la puerta a que el ajuste por renta se extienda a otros tipos de sanciones administrativas, más allá de las relacionadas con la seguridad vial.
En la actualidad, las multas de tráfico en España se establecen en función de la gravedad de la infracción, con sanciones que van desde 100 euros para faltas leves hasta 500 euros o más para infracciones muy graves. Sin embargo, este sistema no considera la capacidad económica del infractor, lo que puede resultar en una carga desproporcionada para aquellos con menos recursos.
La propuesta de Sumar busca no solo una mayor equidad en el sistema sancionador, sino también reforzar la seguridad vial. Al hacer que las sanciones sean efectivamente disuasorias para todos, se espera contribuir a la reducción de infracciones en las carreteras y mejorar la seguridad de conductores y peatones. La iniciativa abre un debate sobre la proporcionalidad de las sanciones en España y plantea la posibilidad de introducir cambios que ya están vigentes en otros países europeos.
Ahora, la Proposición de Ley deberá seguir su curso en el Congreso, donde se debatirá y votará su posible aprobación. Este cambio en el sistema de multas podría marcar un hito en la forma en que se gestionan las infracciones de tráfico en el país, promoviendo un enfoque más justo y equitativo para todos los ciudadanos.
