La Ciudad Autónoma de Ceuta está en proceso de implementar una nueva ordenanza que busca regular el acceso a la vivienda mediante la fijación de un alquiler máximo de 7,5 euros por metro cuadrado. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente demanda de viviendas asequibles en un contexto donde los precios del mercado libre han alcanzado niveles desorbitados. El borrador de esta normativa, que ya ha sido elaborado, establece que las 1.000 viviendas que se planean construir desde el sector público estarán destinadas exclusivamente al arrendamiento, con precios que serán significativamente más bajos que los actuales en el mercado privado.
El Plan de Vivienda de Ceuta 2025-2028, aprobado a finales de enero, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a las familias que cumplan con ciertos requisitos. Este plan contempla no solo la construcción de viviendas de promoción pública, sino también de colaboración público-privada y privada incentivada. La normativa que se está elaborando se someterá a una comisión informativa antes de ser aprobada en el Pleno, lo que permitirá establecer un marco claro para la construcción y acceso a estas viviendas.
### Tipos de Arrendamientos y Precios
La nueva ordenanza contempla tres modalidades de arrendamiento: el alquiler asequible o de Régimen General, el de Régimen Especial y el alquiler social. Cada uno de estos tipos tendrá un precio específico, determinado por el Plan Estatal de Vivienda, que se aplica a inmuebles protegidos. En el caso del Régimen General, las familias que accedan a estas viviendas pagarán 7,5 euros por metro cuadrado. Por ejemplo, un piso de 60 metros cuadrados tendría un coste mensual de 450 euros.
Para el Régimen Especial, el precio se reduce a 4,5 euros por metro cuadrado, lo que significaría un alquiler mensual de 270 euros para el mismo piso. La modalidad de alquiler social es aún más ventajosa, con un coste de solo 2 euros por metro cuadrado, lo que resultaría en un alquiler de 120 euros al mes para un piso de 60 metros cuadrados. Esta modalidad está diseñada para familias con ingresos más bajos y puede ajustarse hasta un 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, lo que la convierte en una opción accesible para aquellos en situaciones económicas difíciles.
Además, las viviendas de alquiler social podrán ser objeto de cesión de uso u otras formas de tenencia temporal, y la renta inicial se actualizará anualmente en función del IPC o el indicador que lo sustituya. Esta flexibilidad es crucial para garantizar que las familias puedan mantener su acceso a la vivienda a lo largo del tiempo.
### Registro Público de Demandantes de Vivienda
Para acceder a estas viviendas, los interesados deberán estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, que actualmente está en proceso de modificación. Esta modificación tiene como objetivo simplificar y agilizar los procesos de selección, lo que permitirá abordar el problema de las viviendas públicas vacías y favorecer la rotación de adjudicatarios. La ordenanza busca asegurar que la inversión pública en vivienda se corresponda con el compromiso de mantener el parque público y garantizar su uso como un instrumento al servicio de la política de vivienda de la Ciudad.
El borrador de la ordenanza es extenso y detallado, estructurado en ocho capítulos y 15 artículos, que abordan desde los requisitos para la calificación de viviendas protegidas hasta las condiciones para la compraventa de estas. La normativa establece que la protección de las viviendas tendrá una duración mínima de 50 años, lo que asegura que estas viviendas permanezcan accesibles a lo largo del tiempo.
Los requisitos para ser adjudicatario de una vivienda protegida incluyen ser persona física que cumpla con los criterios establecidos y que constituya su residencia habitual y permanente en la vivienda. Sin embargo, se contemplan excepciones para situaciones específicas, como traslados laborales, realojos por rehabilitación, o situaciones de emergencia social.
La justificación de esta ordenanza se basa en el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como en la Ley del derecho a la vivienda de 2023, que reconoce la vivienda como un bien esencial. La normativa busca cambiar la percepción de la vivienda, reforzando su función como un servicio social de interés general y garantizando el acceso a un hogar digno y asequible para todos, especialmente para jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión.
La ordenanza también incluye regulaciones sobre la compraventa de viviendas, estableciendo precios máximos de venta y renta durante el período de protección. Esto asegura que las viviendas protegidas mantengan su accesibilidad y no se conviertan en un objeto de especulación en el mercado.
Con esta nueva normativa, Ceuta se posiciona como un ejemplo de cómo las administraciones pueden intervenir en el mercado de la vivienda para garantizar el derecho a un hogar digno y asequible, en un contexto donde la crisis de vivienda afecta a muchas familias en toda España.
