El reciente pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial español tras la elección de los presidentes de dos salas clave del Tribunal Supremo. Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, ambos candidatos apoyados por el sector conservador, han sido nombrados presidentes de las Salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo, respectivamente. Este nombramiento ha suscitado críticas debido a la falta de representación femenina en estas posiciones de poder, lo que pone de manifiesto la persistente desigualdad de género en el sistema judicial español.
### La Fractura del Poder Judicial y sus Consecuencias
La reciente elección se produce en un contexto de profunda división dentro del CGPJ, donde las negociaciones para cubrir estas presidencias se han visto marcadas por la falta de consenso. Las candidatas progresistas, Ana Ferrer y Pilar Teso, decidieron retirarse del proceso ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, lo que dejó el camino libre para que los candidatos conservadores asumieran el control de estas importantes salas. Esta situación no solo refleja la polarización política en el ámbito judicial, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del CGPJ para garantizar una representación equitativa y justa en sus decisiones.
Los vocales del sector progresista han expresado su descontento, argumentando que la elección de dos hombres para liderar las salas más delicadas del Supremo es un retroceso en la lucha por la igualdad de género. En un comunicado, un grupo de nueve vocales progresistas lamentó la pérdida de una oportunidad histórica para que una mujer ocupara al menos una de estas presidencias, destacando los currículos excepcionales y la experiencia de Ferrer y Teso en el ámbito judicial. La falta de paridad en estas decisiones no solo es un reflejo de la cultura patriarcal que persiste en muchas instituciones, sino que también puede tener repercusiones en la percepción pública del sistema judicial.
### Implicaciones de los Nuevos Nombramientos
Los nuevos presidentes de las salas del Supremo, aunque no poseen un perfil netamente conservador, han sido elegidos en un contexto donde las asociaciones de magistrados de corte conservador han salido beneficiadas. Este hecho ha generado preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo al poder ejecutivo. La elección de Martínez Arrieta y Lucas se produce en un momento en que la confianza pública en las instituciones judiciales está en entredicho, y muchos ciudadanos cuestionan la imparcialidad de las decisiones judiciales.
El hecho de que cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo estén presididas por hombres plantea serias dudas sobre el compromiso del CGPJ con la igualdad de género. La normativa de paridad, que busca garantizar una representación equitativa de hombres y mujeres en posiciones de liderazgo, parece haber sido ignorada en este proceso. La falta de mujeres en estos roles de alta responsabilidad no solo perpetúa estereotipos de género, sino que también limita la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones judiciales.
Los vocales progresistas han señalado que esta situación es un claro ejemplo de cómo la política puede influir en el funcionamiento del sistema judicial. La retirada de las candidatas progresistas se debió a la falta de acuerdo y a la presión ejercida por el sector conservador, lo que pone de manifiesto la dificultad de alcanzar consensos en un entorno tan polarizado. La elección de los nuevos presidentes podría tener un impacto duradero en la jurisprudencia y en la forma en que se interpretan las leyes en España, lo que subraya la importancia de contar con una representación equitativa en el ámbito judicial.
En este contexto, es fundamental que se reevalúen los procesos de selección y nombramiento dentro del CGPJ para garantizar que se respeten los principios de igualdad y diversidad. La sociedad española merece un sistema judicial que refleje su pluralidad y que esté comprometido con la justicia y la equidad. La lucha por la paridad de género en el ámbito judicial no debe ser vista como un objetivo secundario, sino como una prioridad que debe ser abordada con urgencia y determinación. La elección de los nuevos presidentes del Supremo es un recordatorio de que aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad en el sistema judicial español.
