La situación de las presas en España ha alcanzado un punto crítico, según la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Un alarmante 75% de las presas estatales no cuenta con un plan de emergencia en funcionamiento, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de estas infraestructuras vitales. Este déficit se agrava por el envejecimiento de las estructuras, la falta de inversión y la escasez de personal técnico en las confederaciones hidrográficas.
### La Falta de Planes de Emergencia
En un análisis reciente, se reveló que de las 375 presas de titularidad estatal en España, tres de cada cuatro carecen de un plan de emergencia efectivo. Este dato es especialmente preocupante en la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde ninguna de sus 26 presas tiene un plan aprobado. Jesús Contreras, vocal de la junta directiva de la asociación, enfatiza que durante eventos climáticos extremos, como la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la región el año pasado, la falta de planes de emergencia puede tener consecuencias devastadoras. La presa de Forata, por ejemplo, evitó muchas muertes, pero si hubiera fallado, el ingeniero responsable podría haber enfrentado graves consecuencias legales.
La situación se complica aún más al considerar que el 80% de las presas estatales son de categoría A, lo que significa que su posible rotura podría afectar gravemente a núcleos urbanos y causar pérdidas humanas. La falta de planes de emergencia no solo pone en riesgo a las comunidades cercanas, sino que también refleja una gestión inadecuada de los recursos hídricos en el país.
### Deficiencias en la Inversión y Personal Técnico
La inversión en infraestructuras hidráulicas ha sido insuficiente, alcanzando apenas el 25% de lo planificado en los presupuestos. José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, señala que, aunque España cuenta con 2,500 presas, solo 375 dependen directamente del Estado, lo que no exime al Gobierno de su responsabilidad en garantizar la seguridad de estas infraestructuras. La falta de inversión no solo afecta la construcción de nuevas presas, sino también la rehabilitación y el mantenimiento de las existentes.
Además, la escasez de personal cualificado es un problema creciente. Se estima que hay entre un 25% y un 30% menos de funcionarios en las confederaciones hidrográficas en comparación con años anteriores. Esta reducción de personal se traduce en una menor capacidad para gestionar y supervisar las presas, lo que aumenta el riesgo de incidentes. Trigueros destaca que muchos ingenieros trabajan en condiciones desfavorables, sin los recursos adecuados, lo que dificulta aún más la gestión de la seguridad de las presas.
La situación se ve agravada por un cambio en las prioridades del Ministerio de Transición Ecológica, que ha comenzado a centrarse más en la energía que en la gestión del agua. Esta tendencia ha llevado a que el agua se convierta en una prioridad secundaria, lo que podría tener consecuencias graves para la seguridad hídrica del país.
### La Necesidad de una Política de Estado
Los ingenieros de caminos han hecho un llamado urgente para que se establezca una política de Estado en materia de seguridad de presas. La historia ha demostrado que la falta de atención a la seguridad de estas infraestructuras puede resultar en tragedias. Desde 1800, se han registrado ocho roturas de presas en España, que han causado alrededor de 1,000 víctimas y daños materiales y medioambientales significativos.
La necesidad de una inversión adecuada y de una planificación estratégica es más urgente que nunca. Los ingenieros advierten que no se trata solo de conservar infraestructuras, sino de proteger vidas humanas. La falta de acción podría llevar a situaciones catastróficas que afecten a miles de personas y a la economía de las regiones afectadas.
La comunidad de ingenieros y expertos en hidráulica está dispuesta a colaborar con el Gobierno para desarrollar un plan integral que aborde las deficiencias actuales. Sin embargo, es fundamental que se reconozca la gravedad de la situación y se actúe con rapidez para evitar que se repitan tragedias del pasado. La seguridad de las presas no puede ser un tema relegado a un segundo plano, sino que debe ser una prioridad nacional que garantice la protección de las comunidades y el medio ambiente.
