La situación en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, según un reciente informe elaborado por una comisión de expertos independientes para la Organización de Estados Americanos (OEA). Este documento, titulado “De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela”, expone un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. La represión política se ha intensificado de manera dramática, convirtiendo al país en un estado despótico que utiliza el miedo y la violencia como herramientas de control.
### La Intensificación de la Represión Política
El informe revela que, tras las elecciones de 2024, que fueron ampliamente criticadas por su falta de transparencia, se produjo un aumento significativo en las detenciones arbitrarias. En un periodo de solo nueve días, más de 2,400 personas fueron arrestadas, incluyendo a 252 mujeres y 162 menores de edad. Este aumento en la represión se ha visto acompañado de un uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades, con al menos 28 civiles desarmados asesinados durante las protestas que siguieron a las elecciones. Las víctimas, muchas de ellas con disparos en la cabeza o el pecho, evidencian una intención clara de ejecutar a los opositores.
El informe también documenta casos de tortura, abusos sexuales y ejecuciones extrajudiciales en instalaciones controladas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Comando General de la Guardia Nacional. Las condiciones de detención son inhumanas, y muchos prisioneros sufren de negligencia médica deliberada. Este contexto de terror ha llevado a que el número de presos políticos en Venezuela ascienda a 1,196, un dato que refleja la magnitud de la represión que enfrenta la oposición.
### La Estrategia del Miedo y la Desaparición Forzada
El informe de la OEA no solo se limita a documentar las violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela, sino que también expone una estrategia sistemática de desapariciones forzadas. Al menos 27 opositores han sido secuestrados por agentes del estado, quienes los mantienen incomunicados y fuera del alcance de cualquier protección legal. Esta táctica busca sembrar el miedo en la población y eliminar cualquier forma de resistencia democrática.
Los testimonios recopilados por la comisión apuntan a la participación de la Guardia Nacional Bolivariana y grupos paramilitares conocidos como “colectivos” en estos actos de violencia. Estos colectivos, que antes eran aliados informales del régimen, ahora operan como actores habilitados por el estado, llevando a cabo invasiones de viviendas, golpizas y ejecuciones. La falta de acción del gobierno para investigar o desmantelar estos grupos evidencia una complicidad que agrava aún más la situación.
El informe también destaca que el poder judicial se ha convertido en un instrumento de represión, organizando juicios masivos en los que los detenidos son procesados sin representación legal adecuada. Estos juicios, realizados en tribunales especializados en terrorismo, son parte de una estrategia diseñada para eliminar cualquier forma de oposición y silenciar a los críticos del régimen.
### La Comunidad Internacional y el Futuro de Venezuela
A medida que se acercan las elecciones parlamentarias programadas para el 25 de mayo de 2025, la comunidad internacional observa con preocupación la situación en Venezuela. La oposición se encuentra dividida entre quienes abogan por un boicot y quienes creen que la participación electoral es una forma de resistencia institucional. Sin embargo, el informe de la OEA plantea serias dudas sobre la legitimidad de cualquier proceso electoral bajo un régimen que ha demostrado estar dispuesto a utilizar la violencia y la represión para mantenerse en el poder.
El Tribunal Penal Internacional ha iniciado investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad desde 2014, y el informe de la OEA insta a acelerar estos procesos y a emitir órdenes de arresto contra los responsables del régimen. Las violaciones documentadas cumplen con los criterios establecidos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, lo que subraya la gravedad de la situación.
La comunidad internacional debe actuar con firmeza ante la crisis humanitaria y política en Venezuela. La impunidad que ha caracterizado al régimen de Maduro no puede continuar, y es fundamental que se tomen medidas para proteger a los ciudadanos venezolanos y garantizar que se rinda cuentas a quienes han perpetrado estos crímenes. La lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela es una batalla que no solo afecta a los venezolanos, sino que también tiene repercusiones en la estabilidad de toda la región.
