La Conferencia Episcopal de El Salvador ha hecho un llamado al presidente Nayib Bukele para que derogue el régimen de excepción que se impuso en marzo de 2022. Este régimen, que permite arrestos sin orden judicial, fue implementado tras un aumento alarmante de homicidios en el país. Sin embargo, los obispos argumentan que, a tres años de su instauración, la situación de violencia ha mejorado significativamente, lo que justifica la necesidad de restablecer las libertades civiles de la población.
En su carta, los obispos subrayan que los crímenes han disminuido a niveles históricos y que es fundamental permitir que el pueblo ejerza su libertad sin presiones. Este llamado se produce en un contexto donde se han reportado numerosas detenciones de personas que, según organizaciones de derechos humanos, son inocentes. A pesar de que el gobierno ha reconocido que alrededor de 8,000 personas han sido liberadas por ser inocentes, se estima que aún hay muchas más que permanecen tras las rejas sin justificación adecuada.
### La situación actual de los derechos humanos en El Salvador
El régimen de excepción ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Desde su implementación, se han registrado aproximadamente 86,000 detenciones, muchas de las cuales han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos. La Conferencia Episcopal ha instado al gobierno a revisar los casos de manera objetiva para liberar a aquellos que son inocentes. Además, han expresado su preocupación por la detención de defensores de derechos humanos, como la abogada Ruth López, quien fue arrestada por apoyar a una cooperativa campesina que protestaba contra el gobierno.
Los obispos también han hecho un llamado para que el gobierno no promueva las cárceles como solución a los problemas de migración. En marzo, El Salvador recibió a más de 250 venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos bajo acusaciones infundadas de pertenecer a bandas criminales. Esta situación ha generado un debate sobre la política migratoria del país y su impacto en los derechos humanos.
### La respuesta del gobierno y la percepción pública
El presidente Bukele ha defendido el régimen de excepción como una medida necesaria para combatir la violencia y la criminalidad en El Salvador. Durante su mandato, ha logrado una disminución notable en las tasas de homicidio, lo que ha sido bien recibido por una parte significativa de la población. Sin embargo, esta estrategia ha generado un dilema ético sobre el equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
La percepción pública sobre el régimen de excepción es mixta. Mientras que algunos ciudadanos apoyan las medidas drásticas del gobierno debido a la reducción de la violencia, otros están preocupados por las violaciones de derechos humanos y la falta de debido proceso. La situación ha polarizado a la sociedad salvadoreña, donde el miedo a la violencia se enfrenta a la necesidad de justicia y libertad.
El debate sobre el régimen de excepción y su impacto en la sociedad salvadoreña continúa, y la presión de la Iglesia y de organizaciones de derechos humanos podría influir en futuras decisiones del gobierno. La comunidad internacional también está atenta a la evolución de la situación, ya que El Salvador se encuentra en el centro de un debate más amplio sobre la seguridad, la migración y los derechos humanos en la región centroamericana.
