La Ciudad Autónoma de Ceuta ha tomado la decisión de denegar la licencia de obra mayor solicitada para la legalización de una casa rural en la carretera del pantano. Esta resolución, firmada por el Consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez Hurtado, se ha hecho pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha generado un amplio debate sobre las irregularidades urbanísticas y medioambientales que rodean este caso.
### Irregularidades en la Construcción
La solicitud de legalización se refería a una edificación que ya había sido ejecutada, la cual consta de tres plantas de altura y un garaje en semisótano, destinado a hospedería en las plantas superiores. Sin embargo, los servicios técnicos municipales han detectado un exceso de edificabilidad de más de 81 metros cuadrados sobre lo permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está en vigor desde enero de 2024. Este exceso no solo infringe la normativa urbanística, sino que también plantea serios riesgos medioambientales.
Uno de los aspectos más preocupantes es que las canalizaciones de aguas residuales y fecales de la construcción están vertiendo directamente sobre el Arroyo del Infierno, un cauce protegido dentro del Dominio Público Hidráulico. Esta situación ha sido objeto de un informe técnico desfavorable, que alerta sobre la invasión de zonas de servidumbre y la posibilidad de inundaciones, así como la proliferación de plagas en las áreas residenciales cercanas debido a los vertidos ilegales.
### Un Historial de Irregularidades
El caso de esta casa rural no es nuevo; de hecho, se remonta a una serie de expedientes urbanísticos que han sido iniciados desde el año 2010. A lo largo de más de una década, se han presentado diversas solicitudes de licencias para parcelación, movimiento de tierras y cimentación, pero ninguna ha logrado subsanar las deficiencias señaladas por los técnicos municipales. En 2023 y 2024, se volvieron a presentar solicitudes de legalización, pero los informes seguían siendo negativos debido a la falta de documentación y errores en la memoria descriptiva.
Además, las obras de urbanización del entorno no están finalizadas, lo que es un requisito fundamental para la legalización de cualquier edificación. La normativa urbanística establece que la parcela debe estar completamente urbanizada antes de que se pueda considerar la legalización de una construcción. La documentación presentada por los solicitantes también carecía de elementos esenciales, como un reportaje fotográfico y un estado actual de mediciones y presupuesto.
La situación ha llevado a que el expediente sea remitido a varias unidades administrativas, incluyendo la de Disciplina Urbanística, para evaluar la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador por las obras no legalizables que se han ejecutado sin licencia. También se ha informado a la Guardia Civil y a la Delegación de Costas, dado que la parcela se encuentra en la zona de influencia del litoral.
### Recursos Legales y Futuro del Proyecto
La resolución publicada en el BOE agota la vía administrativa, pero el titular de la solicitud aún tiene la opción de interponer un recurso de reposición en un plazo de un mes o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de dos meses. Este caso pone de manifiesto el control que ejerce la administración de Ceuta en materia de urbanismo y la firmeza con la que actúa ante posibles irregularidades.
La situación también resalta la importancia de la protección medioambiental en la planificación urbanística. Las construcciones que no cumplen con la normativa no solo afectan el entorno inmediato, sino que también pueden tener repercusiones a largo plazo en los ecosistemas locales. En particular, el Arroyo del Infierno, que es un recurso hídrico vital, se encuentra en riesgo debido a las acciones de construcción irresponsables.
La denegación de la licencia para esta casa rural es un recordatorio de que la legalidad y la sostenibilidad deben ser prioridades en cualquier proyecto de construcción. La administración local ha mostrado su compromiso con la protección del medio ambiente y la regulación urbanística, lo que podría sentar un precedente para futuros proyectos en la región.
