El caso del ex jefe del servicio de Oftalmología de Ingesa ha tomado un giro significativo, ya que se ha programado el juicio oral para el tres de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Cádiz, sede de Ceuta. Este proceso judicial se centra en la denuncia presentada por el médico, quien alega haber sido víctima de acoso y prevaricación por parte de altos funcionarios de la institución sanitaria. La resolución de este caso ha suscitado un gran interés en la comunidad, dado que involucra a figuras clave en la gestión de la salud pública en la región.
### Contexto del Caso
La denuncia del ex jefe de Oftalmología, quien ocupó su cargo durante 18 años, se originó tras una serie de irregularidades en el proceso de selección de su sucesor. Según su testimonio, el procedimiento no se llevó a cabo de manera transparente, ya que no se publicó en los canales habituales y se utilizaron métodos poco convencionales, como el uso de WhatsApp para comunicar la convocatoria. Esta situación llevó al médico a presentar su queja ante las autoridades judiciales, después de que sus intentos de resolver el asunto de manera interna no prosperaran.
El caso se complicó aún más cuando el exjefe del servicio amplió su denuncia, alegando que había sido objeto de acoso por parte de sus superiores. En sus declaraciones, mencionó haber sufrido agresiones verbales, discriminación por su afiliación a un sindicato y la incoación de expedientes disciplinarios en su contra. Estas acusaciones han llevado a la acusación particular a solicitar penas severas, incluyendo dos años de cárcel por acoso y nueve años de inhabilitación por prevaricación.
### Proceso Judicial y Acusaciones
El juicio se llevará a cabo con la presencia de cuatro altos cargos de Ingesa, entre ellos el gerente de atención sanitaria y el director médico. La Audiencia Provincial ha determinado que existen suficientes indicios para continuar con el proceso, lo que ha sido respaldado por el dictamen del juzgado de instrucción número cinco de Ceuta. Este dictamen señala que se “pudieron cometer” los delitos de prevaricación y acoso, lo que justifica la continuación del proceso judicial.
La acusación particular ha solicitado, además de las penas de cárcel e inhabilitación, una indemnización de 50.000 euros por los daños psicológicos y morales que el médico alega haber sufrido. Esta solicitud refleja la gravedad de las acusaciones y el impacto que estas situaciones pueden tener en la vida profesional y personal de los implicados.
Los acusados, por su parte, han tenido que presentar una fianza de 66.667 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas del juicio. Este requisito es habitual en casos donde se presumen delitos que pueden acarrear sanciones económicas significativas.
La atención a este caso no solo se limita a la comunidad médica, sino que también ha captado el interés de la sociedad en general, dado que pone de relieve las dinámicas de poder y las posibles irregularidades en la gestión de la salud pública. Además, se ha informado de una denuncia reciente por parte de un radiólogo del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), que también se encuentra en fase de diligencias previas, lo que sugiere que las tensiones en el ámbito sanitario podrían ser más amplias de lo que inicialmente se pensaba.
Este juicio se convierte en un punto de inflexión para la transparencia y la ética en la administración pública, especialmente en el sector de la salud, donde la confianza de los ciudadanos es fundamental. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra el acoso y la corrupción en las instituciones sanitarias, así como en la protección de los derechos de los trabajadores en este sector.
La fecha del juicio se ha fijado para las diez de la mañana del tres de marzo de 2026, y se espera que atraiga la atención de medios de comunicación y del público en general, dado el interés que ha generado hasta ahora. La comunidad espera que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos denunciados, lo que podría tener repercusiones significativas en la gestión de la salud en Ceuta y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
