La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha manifestado su descontento con la gestión del gasto en Defensa por parte del Gobierno español. En un comunicado reciente, la asociación ha expresado su “profunda indignación” ante lo que consideran una “tomadura de pelo” hacia los militares, quienes se sienten desatendidos en sus necesidades retributivas y profesionales. La crítica se centra en la falta de claridad y compromiso en la asignación del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, así como en la mejora de las condiciones laborales de sus miembros.
### Confusión en el Gasto de Defensa
ATME ha señalado que existe una notable confusión en torno a quién decide el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que debe destinarse a cumplir con los compromisos de la OTAN. Recientemente, el presidente Pedro Sánchez afirmó que el 2,1% del PIB era suficiente, basándose en lo que supuestamente habían establecido “las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, informes de medios de comunicación sugieren que los altos mandos fueron presionados por el Gobierno para ajustarse a esta cifra, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los militares.
“Parece que nos están tomando por tontos”, declaró un representante de ATME. La asociación ha exigido respuestas claras sobre quién está realmente al mando de las decisiones de gasto en Defensa. La falta de transparencia en este aspecto ha minado la moral de los militares, quienes sienten que sus necesidades no son consideradas en la toma de decisiones.
La situación se complica aún más con las declaraciones del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón, quien defendió públicamente el 2,1% del PIB como suficiente, alineándose con el Gobierno y desestimando el 5% exigido por Estados Unidos. Esta disparidad de criterios ha llevado a ATME a cuestionar la veracidad de las afirmaciones tanto del Gobierno como de los altos mandos militares.
### Promesas Incumplidas y Falta de Retribuciones
Uno de los puntos más críticos que ha destacado ATME es la falta de mejoras en las retribuciones de los militares. A pesar de que se han anunciado miles de millones de euros destinados a gasto militar, la mejora de las condiciones salariales sigue siendo una asignatura pendiente. La asociación ha recordado que, tras un aumento de 200 euros brutos, que en muchos casos se tradujo en un incremento neto de apenas 80 a 140 euros, el Gobierno aprobó un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que incluía una partida de 679 millones de euros para mejorar las retribuciones y aumentar el número de efectivos.
“Nos preguntamos dónde están esos 679 millones de euros, de los que nadie habla”, afirmó un portavoz de ATME. La asociación ha expresado su frustración al ver que mientras se discuten cifras millonarias para armamento y equipamiento, los militares siguen luchando por llegar a fin de mes. La sensación de abandono y menosprecio es palpable entre la tropa y marinería, quienes consideran inaceptable que sus necesidades básicas no sean atendidas adecuadamente.
ATME ha instado al Gobierno y al Ministerio de Defensa a proporcionar una respuesta clara sobre la situación actual de las retribuciones y a comprometerse de manera real y urgente a mejorar las condiciones laborales de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. La asociación enfatiza que la tropa y marinería son el pilar fundamental de la defensa del país y merecen un trato digno y justo.
En medio de esta crisis de confianza, ATME se pregunta quién es el verdadero responsable de la falta de atención a los problemas que afectan a los militares. ¿Es el Gobierno, que parece no tener una respuesta clara sobre el futuro de las retribuciones? ¿Es el Ministerio de Defensa, cuya ministra ha indicado que las decisiones sobre aumentos salariales no dependen únicamente de ella? La falta de claridad en la cadena de mando y en la toma de decisiones ha llevado a una creciente frustración entre los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes esperan respuestas y soluciones a sus demandas.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno español, que debe abordar las preocupaciones de los militares y garantizar que se cumplan las promesas de mejora en sus condiciones laborales. La falta de transparencia y compromiso en este ámbito no solo afecta a la moral de las Fuerzas Armadas, sino que también puede tener repercusiones en la seguridad nacional y en la confianza del público en sus instituciones.