La devastación provocada por los incendios forestales en España ha dejado una huella profunda en las comunidades rurales, afectando no solo a la flora y fauna, sino también a la economía de miles de ganaderos, agricultores y propietarios de bosques. La situación es alarmante, ya que el 95% de las áreas quemadas no cuentan con seguro, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desamparo entre los afectados. En este contexto, es crucial entender las implicaciones de esta crisis y cómo se está gestionando la recuperación en las zonas más impactadas.
La reciente ola de incendios, que ha arrasado cerca de 350.000 hectáreas en lo que va del año, ha puesto de manifiesto la falta de cobertura aseguradora en el sector agrario. De las hectáreas quemadas, solo 19.100 están aseguradas, lo que representa un porcentaje ínfimo en comparación con la magnitud de la tragedia. Este fenómeno se debe en gran parte a la naturaleza del paisaje rural en el noroeste de la península, donde predominan las explotaciones ganaderas y la apicultura, actividades que, a menudo, no cuentan con seguros adecuados. La situación es aún más crítica si se considera que, de los 28 millones de hectáreas de superficie forestal en el país, solo 71.400 tienen póliza, lo que refleja una falta de interés y rentabilidad en el aseguramiento de los bosques.
El ingeniero de montes Javier Madrigal, investigador del CSIC, señala que la escasa rentabilidad de los seguros forestales es un síntoma de la falta de una industria de aprovechamiento sostenible de los montes en España. Esto deja a los propietarios de tierras y a los ganaderos a merced de las ayudas gubernamentales, que son insuficientes para cubrir las pérdidas. Por ejemplo, el ganadero Víctor, de Valverde de la Sierra en León, ha tenido que luchar contra las llamas para salvar a sus vacas, pero la pérdida de pastos le obligará a incurrir en gastos adicionales. La situación es similar para los apicultores, quienes, a pesar de tener sus colmenas aseguradas, se enfrentan a la falta de vegetación necesaria para la producción de miel.
Además de los daños económicos, los incendios han causado estragos en las viviendas de las comunidades afectadas. Se estima que entre el 35% y el 40% de las casas en las zonas más impactadas no cuentan con seguro, lo que agrava aún más la situación de los damnificados. En provincias como Orense, Lugo y Zamora, el porcentaje de viviendas aseguradas es alarmantemente bajo, lo que significa que muchos propietarios no recibirán indemnización por los daños sufridos. Esta problemática ya se había evidenciado durante la DANA que afectó al arco mediterráneo en 2024, donde muchas personas se encontraron sin cobertura y sin recursos para reparar sus hogares.
La falta de seguros no solo afecta a los propietarios de viviendas, sino que también repercute en la capacidad de las comunidades para recuperarse de desastres naturales. La ausencia de un sistema de aseguramiento robusto deja a las familias vulnerables y dependientes de la asistencia pública, que a menudo es insuficiente para cubrir las necesidades inmediatas. En este sentido, es fundamental que se implementen políticas que fomenten la contratación de seguros en las zonas rurales, así como la creación de un marco que incentive la inversión en la prevención de incendios y la gestión sostenible de los recursos forestales.
La situación actual exige una respuesta coordinada entre las administraciones locales, regionales y nacionales para abordar las causas subyacentes de los incendios y mejorar la resiliencia de las comunidades afectadas. Esto incluye la implementación de planes de prevención y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan el riesgo de incendios. Asimismo, es esencial que se realicen campañas de concienciación sobre la importancia de contar con seguros adecuados, tanto para viviendas como para explotaciones agrícolas y ganaderas.
En resumen, los incendios forestales en España han puesto de relieve la fragilidad del sector agrario y la vivienda en las zonas rurales. La falta de seguros adecuados y la dependencia de las ayudas gubernamentales son factores que agravan la situación de los afectados. Es imperativo que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades rurales, así como para fomentar una gestión sostenible de los recursos naturales que permita prevenir futuros desastres.
