El uso indebido de licencias médicas en Chile ha alcanzado niveles alarmantes, revelando un escándalo que involucra a más de 25,000 funcionarios públicos. Este fenómeno no solo ha generado un fuerte rechazo en la ciudadanía, sino que también ha puesto en jaque al gobierno del presidente Gabriel Boric, quien enfrenta su mayor desaprobación desde que asumió el cargo. La Contraloría ha publicado un informe que detalla cómo estos empleados estatales han utilizado licencias médicas para viajar al extranjero, lo que ha desatado una ola de indignación y exigencias de justicia.
### Un Informe Revelador
El informe de la Contraloría, que abarca los años 2023 y 2024, ha puesto al descubierto la magnitud del problema. Más de 25,000 funcionarios públicos han hecho uso de licencias médicas para salir del país, y entre ellos se encuentran 250 médicos que, en lugar de atender a pacientes en el sistema de salud estatal, han estado trabajando en clínicas privadas. Este escándalo ha llegado a afectar directamente a La Moneda, ya que un amigo cercano del presidente Boric, Raúl Domínguez, se vio obligado a renunciar a su puesto en el Ministerio de Transporte tras ser acusado de utilizar una licencia médica para extender un viaje al extranjero.
La situación es aún más preocupante si se considera que el abuso de licencias médicas es un problema endémico en Chile. Cada año, se publica un listado de médicos que otorgan un número desproporcionado de permisos laborales por enfermedad, muchos de los cuales ofrecen sus servicios de manera ilegal a través de redes sociales. Este año, el informe ha revelado que 25,078 funcionarios han utilizado más de 25,000 licencias, lo que indica que algunos han hecho uso de más de una licencia para viajar. La Contraloría ha logrado esta información mediante un cruce de datos entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y Extranjería.
### Reacciones y Medidas del Gobierno
La magnitud del fraude ha generado un fuerte repudio en la sociedad chilena. Todos los candidatos presidenciales han expresado su rechazo a esta situación y han solicitado la intervención de la justicia. En respuesta, el gobierno ha anunciado la creación de un Comité Nacional de Ausentismo para abordar esta irregularidad. Sin embargo, la presidenciable opositora Evelyn Matthei ha criticado esta medida, argumentando que no se necesita otro comité más, sino leyes efectivas y voluntad política para combatir el problema.
Las municipalidades son responsables del 20% de las licencias otorgadas, con la comuna de Arica liderando el número de casos de abuso. Otras instituciones, como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra, también se encuentran entre las que han registrado un alto número de licencias fraudulentas. El informe revela que 777 reparticiones públicas están involucradas, incluyendo la Presidencia y 14 ministerios.
La situación ha llegado a ser tan descarada que algunos casos son difíciles de creer. Por ejemplo, se ha reportado el caso de un médico que se otorgó una licencia a sí mismo, así como el de una funcionaria de la Dirección de Presupuesto que acumuló 322 días de licencias, durante los cuales trabajó como psicóloga particular. Estos casos han sido detectados gracias a la colaboración con el Servicio de Impuestos Internos, que ha registrado las boletas de honorarios de los implicados.
El informe también destaca que los 25,000 funcionarios involucrados realizaron 59,575 viajes al extranjero durante su período de reposo, con la mayoría de los viajes concentrados entre septiembre y diciembre. De las más de 35,000 licencias emitidas, el 69% corresponde a las otorgadas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), mientras que el resto corresponde a las Isapres del sector privado.
Ante esta situación, diversas reparticiones públicas han comenzado a llevar a cabo sumarios administrativos y han desvinculado a varios funcionarios. La justicia deberá actuar para establecer sanciones penales y recuperar los recursos mal utilizados. Por primera vez, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) no ha defendido a sus asociados, y su presidente ha declarado que aquellos que hayan incurrido en este tipo de fraude deben ser destituidos.
Incluso el Colegio Médico, que anteriormente había defendido a sus miembros, ha solicitado que se investigue a fondo y se modernice el sistema para prevenir futuros fraudes. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de reformas profundas en el sistema de licencias médicas en Chile, así como un compromiso real por parte del gobierno y las instituciones para erradicar este tipo de corrupción que afecta la confianza pública y el funcionamiento del Estado.
