La tensión entre el Gobierno y el poder judicial en España ha alcanzado un nuevo nivel con la reciente convocatoria de huelga por parte de jueces y fiscales. Este movimiento, impulsado por asociaciones del centroderecha judicial, se centra en la oposición a las reformas propuestas por el Ejecutivo, que buscan modificar el acceso a la carrera judicial y el Estatuto de la Fiscalía. La situación ha generado un debate intenso sobre la independencia del poder judicial y la calidad de la justicia en el país.
### La movilización judicial y sus causas
El próximo 1 de julio, jueces y fiscales comenzarán una huelga que se prevé prolongada, tras una concentración que se llevará a cabo ante el Tribunal Supremo. Este acto, que se espera que reúna a numerosos profesionales ataviados con sus togas, es solo el inicio de una serie de protestas que han surgido en respuesta a las reformas que consideran amenazan los principios fundamentales del Estado de Derecho. Las asociaciones que lideran esta movilización, entre las que se encuentran las más influyentes del ámbito judicial, han manifestado su preocupación por el plan del Gobierno para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos, quienes actualmente desempeñan funciones en condiciones precarias.
El proyecto de reforma establece un proceso que no se limita a quienes han seguido la carrera judicial tradicional, lo que ha generado críticas sobre la rigurosidad de los criterios de selección. Los opositores a la reforma argumentan que este acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras un periodo de prácticas, no garantiza la acreditación de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales. Además, sostienen que la propuesta del Gobierno podría desvirtuar el proceso de selección, que históricamente ha requerido una preparación exhaustiva y rigurosa.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la posibilidad de que los jueces hagan huelga, argumentando que no existe un soporte legal para ello. Sin embargo, ha decidido no sancionar a los huelguistas, lo que ha llevado a muchos a continuar con sus planes de movilización. A pesar de la falta de apoyo legal, el descontento entre los jueces más jóvenes ha crecido, impulsado por el temor a que la estabilización de los sustitutos afecte sus oportunidades de carrera.
### Las reformas en el punto de mira
Uno de los aspectos más controvertidos de las reformas propuestas es la inclusión de una prueba escrita en el proceso de oposición para acceder a la carrera judicial. Las asociaciones convocantes han criticado esta medida, argumentando que representa un retroceso de 30 años en la evaluación de los candidatos. Según ellos, el examen práctico fue eliminado en su momento para evitar la selección de perfiles sesgados, y la parte práctica ya se evalúa en la Escuela Judicial. La introducción de un dictamen escrito, según los críticos, incrementa la subjetividad en la evaluación de los aspirantes.
El Gobierno, por su parte, defiende que la reforma busca mejorar la calidad del acceso a la carrera judicial, introduciendo un caso práctico que permita evaluar habilidades esenciales como la capacidad de redacción y la aplicación del derecho a situaciones concretas. Además, se asegura que las pruebas serán anonimizadas y que las evaluaciones orales serán grabadas, lo que no ocurre actualmente. Sin embargo, las asociaciones de jueces y fiscales continúan exigiendo la retirada de la reforma, argumentando que su implementación podría comprometer la independencia del poder judicial.
Otro punto de controversia es la reforma del Estatuto de la Fiscalía, que ha sido criticada por su potencial para aumentar el control del Gobierno sobre el Ministerio Público. Las asociaciones sostienen que esta reforma podría debilitar la autonomía de los fiscales, incrementando el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos adecuados. La propuesta establece que el mandato del fiscal general será de cinco años y no coincidirá con el del Gobierno, lo que ha suscitado dudas sobre la independencia del Ministerio Público.
La movilización de jueces y fiscales no es un fenómeno aislado; refleja un descontento más amplio con las políticas del Gobierno y la percepción de que la justicia está siendo politizada. A medida que se acercan las fechas de las huelgas y concentraciones, la atención se centra en cómo responderá el Ejecutivo y si se abrirá un espacio para el diálogo entre ambas partes. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del sistema judicial en España y la capacidad de los profesionales del derecho para defender su independencia y la calidad de la justicia.
