En un contexto donde las universidades privadas en España han experimentado un crecimiento notable, el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre un nuevo decreto que regula las fusiones y adquisiciones en este sector ha generado un intenso debate. La ministra de Universidades, Diana Morant, ha sido la encargada de presentar esta normativa que, según expertos, podría tener repercusiones significativas en el mercado educativo privado.
### Regulaciones y Requisitos para Universidades Privadas
El decreto, que busca endurecer los requisitos para la creación de universidades privadas, ha sido criticado por su enfoque restrictivo. Entre las nuevas exigencias se incluye la necesidad de contar con un mínimo de 4.500 alumnos matriculados y ofrecer una oferta académica diversificada en al menos tres ramas de conocimiento. Estas medidas, según el gobierno, tienen como objetivo garantizar la calidad educativa y evitar la proliferación de lo que han denominado “chiringuitos educativos”.
Sin embargo, el aspecto más controvertido del decreto es la creación de un mecanismo que permite al gobierno vetar las fusiones entre universidades privadas que tengan sede en diferentes comunidades autónomas. Este punto ha suscitado preocupación entre los inversores y expertos en educación, quienes advierten que podría frenar la consolidación del sector y disuadir la inversión extranjera.
Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en ICADE, ha señalado que esta reforma podría resultar “muy contraproducente”. Según él, la intervención del gobierno en los movimientos corporativos podría llevar a la retirada de fondos de inversión, que han comenzado a jugar un papel crucial en el desarrollo de las universidades privadas desde 2017. La llegada de estos fondos ha permitido a instituciones como la Universidad Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea de Madrid expandirse y diversificarse, pero el nuevo decreto podría poner en riesgo estas iniciativas.
### La Resistencia de los Fondos de Inversión
Desde 2017, la entrada de fondos de inversión en el sector universitario ha transformado el panorama educativo privado en España. Fondos como CVC y Permira han adquirido participaciones significativas en universidades, impulsando su crecimiento y expansión. Sin embargo, la reciente normativa podría cambiar las reglas del juego. La exigencia de aprobación por parte de un órgano controlado por el ministerio para cualquier fusión o adquisición entre universidades podría desincentivar a los inversores, quienes podrían ver el mercado como menos atractivo.
La situación se complica aún más si se considera que más de la mitad de las universidades privadas en España no cumplen con los requisitos establecidos en el nuevo decreto. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad de muchas instituciones en un entorno regulatorio más estricto. La Conferencia General de Política Universitaria, que tendrá la última palabra en la aprobación de estas operaciones, está presidida por la ministra Morant, lo que genera preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso.
El gobierno justifica estas medidas como una forma de abordar la “complejidad” del panorama universitario español, donde coexisten instituciones creadas por iniciativas empresariales locales y aquellas promovidas por fondos de inversión internacionales. Sin embargo, muchos expertos consideran que la solución propuesta es inadecuada y que, en lugar de facilitar el crecimiento del sector, podría obstaculizarlo.
### La Urgencia de la Regulación y sus Implicaciones
La urgencia con la que el gobierno busca aprobar este decreto ha sido objeto de críticas. Originalmente, se esperaba que la normativa se implementara en mayo o junio, pero la presión política y las exigencias de los socios del gobierno han llevado a cambios de última hora. La inclusión de excepciones para universidades online en comunidades con lengua cooficial es un ejemplo de cómo la política puede influir en la regulación educativa.
La crítica a la normativa también se extiende a la ambigüedad en torno a la calidad académica. Aunque el gobierno argumenta que el decreto busca mejorar la calidad de la educación, muchos en el sector educativo consideran que esta justificación es vaga y que la verdadera motivación puede estar relacionada con la política y el control del sector educativo por parte del estado.
En resumen, el nuevo decreto sobre universidades privadas en España plantea un escenario complejo y lleno de incertidumbres. La regulación de las fusiones y adquisiciones, junto con los requisitos más estrictos para la creación de nuevas universidades, podría tener un impacto duradero en el sector. A medida que el debate continúa, queda por ver cómo reaccionarán los fondos de inversión y las universidades ante este nuevo marco regulatorio.
