La usura ha sido un tema recurrente en la historia económica de España, y su relevancia se ha intensificado en los últimos años, especialmente en el contexto de la crisis económica y la creciente precariedad de muchas familias. En Andalucía, uno de cada cuatro ciudadanos enfrenta serias dificultades para llegar a fin de mes, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de créditos, a menudo con condiciones abusivas. Este artículo explora la evolución de la usura en el país, la legislación vigente y cómo las entidades financieras han adaptado sus prácticas a la nueva realidad económica.
La historia de la usura en España se remonta a siglos atrás, pero uno de los hitos más significativos fue la creación de la Ley de Represión de la Usura en 1908, impulsada por el jurista Gumersindo de Azcárate. Esta ley establece que cualquier contrato de préstamo que estipule un interés notablemente superior al normal del dinero es nulo. A pesar de que han pasado más de cien años desde su promulgación, la ley sigue vigente y ha sido utilizada en diversas ocasiones para proteger a los consumidores de prácticas abusivas por parte de entidades financieras.
### La Evolución de la Usura y su Regulación
En 2015, el Tribunal Supremo de España resucitó la figura de Azcárate al anular un crédito de tarjeta revolving de la entidad Wizink, cuyo interés superaba el 24%. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la lucha contra la usura moderna, ya que permitió a los consumidores recuperar solo la cantidad prestada sin tener que abonar los intereses abusivos. Desde entonces, se ha producido un aumento significativo en las reclamaciones relacionadas con tarjetas revolving y otros productos financieros que aplican intereses desproporcionados.
La Memoria de Reclamaciones del Banco de España refleja esta tendencia. En 2018, se registraron 204 reclamaciones por usura, cifra que se disparó a 1,869 en 2020. Sin embargo, en los últimos años, el número de reclamaciones ha disminuido, lo que podría indicar una mejora en la transparencia de los productos financieros ofrecidos o una falta de confianza en el sistema judicial por parte de los consumidores.
A pesar de la disminución en las reclamaciones, el mercado de los préstamos de alto interés sigue siendo un problema. Muchas personas, especialmente aquellas en situaciones económicas precarias, recurren a prestamistas que ofrecen créditos a tasas exorbitantes. Un ejemplo claro es el caso de un autónomo transportista que, al enfrentar una avería en su vehículo, se ve obligado a aceptar un préstamo con condiciones desfavorables, ya que su banco considera que no es un cliente solvente. Esta situación resalta la desigualdad en el acceso al crédito y cómo ser pobre puede resultar en costos mucho más altos.
### La Realidad de los Préstamos de Alto Interés
La Encuesta de Condiciones de Vida del INE revela que más del 54% de los andaluces tienen dificultades para llegar a fin de mes. De este grupo, el 26% enfrenta dificultades severas, lo que representa un mercado potencial para las entidades que ofrecen préstamos a corto plazo. Empresas como Cashperplus y Trive Credit se han posicionado como “amigos financieros” para aquellos que se encuentran en situaciones desesperadas, ofreciendo créditos que, aunque accesibles, vienen acompañados de intereses que pueden ser devastadores.
Por ejemplo, un préstamo de 1,000 euros a un año puede resultar en un pago total de 1,932 euros, lo que significa que el prestatario pagará más del 90% en intereses. Este tipo de productos financieros, aunque pueden parecer una solución rápida, a menudo conducen a un ciclo de deuda que es difícil de romper. La falta de educación financiera y la urgencia de las necesidades económicas hacen que muchas personas acepten condiciones que, de otro modo, considerarían inaceptables.
Las entidades de crédito, como Cofidis y Cetelem, han logrado establecerse en el mercado español, ofreciendo productos que, aunque son atractivos en términos de publicidad, a menudo ocultan prácticas que pueden llevar al sobreendeudamiento. Estas empresas han sido objeto de críticas y sanciones por parte del Banco de España debido a la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos, lo que pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta en el sector.
Además, las campañas publicitarias de estas entidades, que promueven un estilo de vida aspiracional, pueden desviar la atención de los riesgos asociados con el endeudamiento. La imagen de una vida mejor a través del consumo puede resultar engañosa, especialmente para aquellos que ya están luchando por mantener su estabilidad financiera.
La situación actual plantea un dilema: ¿cómo proteger a los consumidores sin restringir el acceso al crédito necesario para aquellos que realmente lo necesitan? La ley de Azcárate proporciona un marco legal, pero su aplicación efectiva depende de la voluntad de los consumidores para denunciar prácticas abusivas y de la capacidad del sistema judicial para responder a estas quejas de manera efectiva.
En resumen, la usura sigue siendo un problema relevante en la economía española, especialmente en comunidades como Andalucía, donde la precariedad económica es más pronunciada. La legislación existente ofrece cierta protección, pero la falta de educación financiera y la urgencia de las necesidades económicas hacen que muchas personas caigan en la trampa de los préstamos usureros. La historia de la usura en España es un recordatorio de que, a pesar de los avances legales, la lucha por la justicia financiera continúa.
