La crisis climática ha dejado de ser un tema de discusión marginal para convertirse en un asunto central en el debate político en España. La reciente ola de incendios forestales ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar esta problemática, pero también ha revelado un profundo desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas sobre cómo enfrentarla. En este contexto, el negacionismo climático ha encontrado un terreno fértil, especialmente entre ciertos sectores de la ultraderecha, que han comenzado a influir en las políticas públicas de manera alarmante.
### La Influencia del Negacionismo Climático en la Política Española
Desde hace varios años, el discurso negacionista sobre el cambio climático ha ganado protagonismo en el ámbito político español. Este fenómeno no solo se limita a la ultraderecha, sino que también ha permeado en otros partidos, como el Partido Popular (PP). La retórica utilizada por algunos líderes políticos minimiza la gravedad de la crisis climática, presentándola como un invento de la izquierda para justificar políticas que, según ellos, son perjudiciales para la economía.
Un ejemplo claro de esta tendencia se observa en las declaraciones de algunos representantes de Vox, quienes han llegado a afirmar que el cambio climático no es una amenaza para la supervivencia humana. Este tipo de afirmaciones, que desafían el consenso científico, han encontrado eco en el discurso de otros partidos, lo que ha llevado a una banalización del problema y a una falta de acción efectiva en la prevención de desastres naturales.
La banalización del cambio climático se ha manifestado en el debate parlamentario, donde se han escuchado términos como “fanatismo climático” y “ecologismo radical” para descalificar las políticas de transición ecológica. Este tipo de retórica no solo desinforma al público, sino que también influye en la toma de decisiones a nivel gubernamental, llevando a recortes en las inversiones destinadas a la prevención de incendios y a la protección del medio ambiente.
### Recortes en Políticas de Prevención y su Impacto
A medida que la crisis climática se intensifica, las administraciones públicas han optado por recortar sistemáticamente en las políticas de prevención de incendios. A pesar de que la evidencia científica respalda la necesidad de invertir en la prevención para mitigar los efectos devastadores de los incendios forestales, los datos muestran una tendencia alarmante en la reducción de recursos destinados a esta causa.
Según un estudio reciente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), la inversión en prevención de incendios ha disminuido a la mitad desde 1999. En 2009, las administraciones españolas destinaron 364 millones de euros a la prevención, mientras que en 2022 esta cifra se redujo a 175,8 millones de euros. Este descenso en la inversión se traduce en una mayor vulnerabilidad ante los incendios, que han arrasado más de 100,000 hectáreas en lo que va del año.
La falta de recursos también se refleja en la precarización del cuerpo de bomberos forestales, quienes enfrentan condiciones laborales difíciles y una falta de apoyo institucional. A pesar de que el Gobierno central ha aprobado medidas para regular la profesionalización de estos agentes, la implementación ha sido escasa y no se ha aplicado en la mayoría de las comunidades autónomas.
Además, la retórica negacionista ha llevado a algunos líderes políticos a restar importancia a la necesidad de invertir en la prevención de incendios. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que los incendios son cíclicos y que las condiciones meteorológicas son imprevisibles, lo que refleja una falta de comprensión sobre la relación entre el cambio climático y la frecuencia e intensidad de los incendios.
La situación se agrava aún más con la influencia de Vox en el PP, donde se han adoptado posturas que cuestionan la validez de las políticas verdes y el Pacto Verde europeo. Esta dinámica ha llevado a un debilitamiento de las iniciativas destinadas a combatir la crisis climática, poniendo en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la salud y seguridad de la población.
La Organización Mundial de la Meteorología y las Naciones Unidas han advertido que los próximos cinco años serán los más cálidos jamás registrados, lo que subraya la urgencia de actuar. Sin embargo, el debate político en torno a la emergencia climática sigue polarizado, con una creciente presión para que las administraciones adopten medidas más efectivas y basadas en la evidencia científica. La lucha contra el cambio climático y la prevención de incendios no solo son cuestiones ambientales, sino también de justicia social y económica, que requieren un enfoque integral y colaborativo entre todos los sectores de la sociedad.
