La situación política en Perú se ha vuelto más tensa tras la reciente renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien dejó su cargo para evitar cuatro mociones de censura en su contra. Esta decisión se produce en un contexto de creciente violencia en el país, que alcanzó un punto crítico con el asesinato de 13 mineros en la región de Pataz. La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, ha nombrado a Eduardo Arana, el actual ministro de Justicia, como su nuevo jefe de gabinete. Este cambio se da en medio de protestas y críticas hacia la gestión del gobierno, que enfrenta un índice de aprobación alarmantemente bajo, con solo un 2% de apoyo según encuestas recientes.
La renuncia de Adrianzén, quien había estado en el cargo durante 14 meses, fue motivada por la presión política y la incapacidad del gobierno para controlar la violencia que ha sacudido al país. En su carta de dimisión, Adrianzén expresó su deseo de actuar en el mejor interés de la nación, señalando que su salida era necesaria para evitar una crisis mayor. La presidenta Boluarte, por su parte, ha intentado consolidar su poder al nombrar a nuevos ministros que cuenten con el apoyo de las principales fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo a los partidos de Fujimori y Acuña.
### Nuevos Nombramientos y Desafíos Inminentes
El nuevo gabinete de Boluarte incluye a ministros clave como Raúl Pérez Reyes en Economía, César Sandoval en Transporte y Comunicaciones, y Carlos Malaver en Interior. Estos nombramientos son parte de una estrategia para asegurar el apoyo del Congreso y evitar un bloqueo legislativo que podría llevar a la destitución de la presidenta. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria, ya que el partido Podemos Perú ha anunciado que no otorgará el voto de confianza al nuevo gabinete, argumentando que no hay garantías de que el nuevo primer ministro pueda manejar la crisis de seguridad que enfrenta el país.
La violencia en Perú ha sido un tema recurrente en la agenda política, y el reciente asesinato de los mineros ha exacerbado la situación. Este trágico evento ha puesto de manifiesto la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y ha generado un clamor por medidas más efectivas para combatir la criminalidad. La presidenta Boluarte ha declarado que la seguridad y el desarrollo económico son prioridades fundamentales, y ha instado a los congresistas a apoyar su nuevo gabinete para lograr la estabilidad necesaria en el país.
La presión sobre el gobierno se intensifica a medida que Boluarte enfrenta no solo la oposición política, sino también una serie de denuncias en su contra, que incluyen acusaciones de corrupción y responsabilidad en la represión de protestas que resultaron en muertes. Estos factores han contribuido a su baja popularidad y han alimentado el descontento social.
### Viaje al Vaticano y la Búsqueda de Apoyo Internacional
En medio de esta crisis interna, la presidenta Boluarte ha solicitado permiso al Congreso para viajar al Vaticano, donde asistirá a la ceremonia de entronización del Papa León XIV. Este viaje es significativo no solo por su carácter simbólico, sino también porque representa un intento de la presidenta de buscar apoyo internacional en un momento en que su gobierno enfrenta serias dificultades. La aprobación del viaje por parte del Congreso refleja un intento de mantener una imagen de estabilidad y apertura hacia el exterior, a pesar de los problemas internos.
Boluarte ha llevado consigo una delegación importante y regalos representativos de diversas regiones del país, lo que podría interpretarse como un esfuerzo por fortalecer la imagen de Perú en el ámbito internacional. Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de su capacidad para resolver los problemas internos que han llevado a la actual crisis política.
La situación en Perú es un claro reflejo de las dificultades que enfrentan muchos gobiernos en América Latina, donde la inestabilidad política y la violencia son desafíos constantes. La renuncia de Adrianzén y el nombramiento de Arana son solo el último capítulo de una historia que ha visto a seis presidentes en el país desde 2016. La incertidumbre sobre el futuro político de Perú continúa, y la presidenta Boluarte deberá actuar con rapidez y eficacia para evitar que su gobierno se convierta en otro episodio de inestabilidad en la región.
