La reciente campaña del Govern de Cataluña, titulada ‘El Govern de Tothom’ (El Gobierno de Todos), ha suscitado un intenso debate en la sociedad catalana. La Generalitat ha destinado 1,7 millones de euros a publicitar esta iniciativa, que busca comunicar sus acciones en áreas como vivienda, seguridad, sanidad y educación. Sin embargo, la controversia radica en que, según la organización Impulso Ciudadano, no se ha invertido ni un solo euro en promocionar la campaña en castellano, la lengua mayoritaria en la región. Esta situación ha llevado a la entidad a calificar la acción del Govern como un “ejercicio de cinismo” y a presentar una queja ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).
La denuncia de Impulso Ciudadano se basa en datos obtenidos a través del portal de transparencia, donde se evidencia que, a pesar del lema inclusivo de la campaña, la Generalitat ha destinado 1.753.304 euros a publicidad en catalán, 990 euros en aranés y 0 euros en castellano. La organización critica que el mensaje de gobernar para todos no se traduce en acciones concretas que incluyan a los ciudadanos castellanohablantes. En este sentido, la entidad ha comparado la gestión actual del Govern de Salvador Illa con la del anterior gobierno de Pere Aragonés, señalando que la exclusión del castellano ha aumentado, ya que en la campaña anterior se había destinado un 0,59% del total a esta lengua.
### La Publicidad Institucional y sus Implicaciones
La Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe la contratación de campañas que busquen destacar los logros de gestión de los promotores. Impulso Ciudadano argumenta que la campaña ‘El Govern de Tothom’ infringe esta normativa al promocionar los supuestos logros del gobierno, como la creación de 50.000 viviendas de alquiler protegido y el aumento de los cuerpos de seguridad. La organización recuerda que una campaña similar, impulsada por el gobierno de ERC, fue suspendida por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por razones similares.
La situación plantea interrogantes sobre el uso de la publicidad institucional y su alineación con las leyes vigentes. La Generalitat, bajo el lema de inclusión, parece estar utilizando recursos públicos para promover su imagen y logros, lo que podría considerarse una violación de la normativa establecida. Esta controversia no solo afecta la percepción de la campaña, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y la ética en la gestión de los fondos públicos.
### Sesgo en la Distribución de la Publicidad
Otro aspecto que ha generado críticas es la distribución de la publicidad entre los medios de comunicación. Impulso Ciudadano ha señalado un sesgo partidista en la asignación de los fondos, con un 48,8% del total destinado a solo diez empresas de comunicación, siendo TV3 la principal beneficiaria. En el ámbito de la radio, el 86% del presupuesto se ha concentrado en tres emisoras: ‘RAC 1’, ‘Europa FM’ y ‘Catalunya Radio’. En prensa y medios digitales, cuatro medios han recibido el 40,8% del total, mientras que en televisión, el 82,4% de la publicidad ha sido emitida por TV3.
Este patrón de distribución plantea preocupaciones sobre la pluralidad mediática y la equidad en el acceso a la publicidad institucional. La concentración de recursos en un número reducido de medios puede limitar la diversidad de voces y opiniones en el debate público, lo que es especialmente relevante en un contexto donde la lengua y la identidad son temas sensibles.
La crítica de Impulso Ciudadano se centra en la idea de que el Govern está promoviendo una agenda que favorece a ciertos medios y excluye a otros, lo que podría interpretarse como un intento de controlar la narrativa en torno a su gestión. La organización ha manifestado que esta estrategia no solo es perjudicial para la pluralidad mediática, sino que también contribuye a la percepción de un gobierno que opera en función de intereses partidistas en lugar de representar a toda la ciudadanía.
En medio de este debate, la Generalitat ha defendido su campaña, argumentando que su objetivo es comunicar de manera efectiva sus políticas y acciones. Sin embargo, la falta de inclusión del castellano en la publicidad ha generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos que se sienten excluidos de la comunicación institucional. La situación refleja un desafío significativo para el Govern, que debe equilibrar sus políticas lingüísticas con la necesidad de representar a toda la población catalana, independientemente de su lengua materna.
