La situación en torno a las pulseras antimaltrato en España ha generado un intenso debate, especialmente tras las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. A pesar de las afirmaciones del Gobierno de que las víctimas estaban protegidas, diversas voces, incluyendo a abogadas especializadas en violencia de género, han salido a desmentir esta versión, señalando que hubo fallos significativos en el sistema que pusieron en riesgo a muchas mujeres.
Una de las principales críticas proviene de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que ha expresado su preocupación por la falta de protección de algunas víctimas durante varios meses. Ángela Alemany, portavoz de la asociación, ha declarado que el Ministerio de Igualdad estaba al tanto de las incidencias que afectaban a las pulseras, especialmente durante la migración de datos a una nueva empresa adjudicataria. “Algunas víctimas, aunque no sé cuántas fueron, estuvieron desprotegidas durante varios meses del año pasado. Pudieron sufrir un daño porque no se tenía acceso a las pruebas”, afirmó Alemany. Esta declaración pone en tela de juicio la afirmación del Gobierno de que no hubo desprotección.
El sistema Cometa, encargado de gestionar el seguimiento de las pulseras, también ha sido objeto de críticas. Según la Asociación Themis, durante el periodo de transición, se produjeron fallos técnicos que llevaron a que algunos casos se archivaran o que se produjeran absoluciones. La portavoz de la asociación subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las víctimas y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estaba al tanto de los problemas.
Por otro lado, el Partido Popular ha denunciado ante la Comisión Europea el fallo del sistema de pulseras, señalando que varios juzgados recibieron notificaciones oficiales indicando que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos. Esto dejó a numerosas víctimas en una situación de riesgo, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar la gestión del Gobierno en esta materia. Sin embargo, desde el PP se optó por no hacer pública la situación en su momento, con el argumento de que podría generar expectativas en los maltratadores.
La situación se complica aún más con los testimonios de víctimas que han vivido en carne propia los fallos del sistema. Una mujer relató que su maltratador logró quitarse la pulsera en varias ocasiones, lo que la llevó a sentirse desprotegida y a ser tachada de “loca” por expresar sus preocupaciones. Este tipo de experiencias resalta la gravedad de los problemas técnicos que han afectado a las pulseras y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades.
A pesar de las críticas, el Gobierno ha mantenido su postura, insistiendo en que las incidencias en la migración de datos no afectaron la seguridad de las víctimas. Ana Redondo ha afirmado que más de 4,500 mujeres tienen actualmente el dispositivo activo y que ninguna mujer con el dispositivo ha sido asesinada en los últimos años. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de quienes han denunciado la falta de transparencia y la ineficacia del sistema.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también ha defendido la gestión del Gobierno, pidiendo tranquilidad y acusando a quienes critican el sistema de generar alarma. Sin embargo, las voces disidentes continúan creciendo, y la presión sobre el Gobierno para abordar las preocupaciones sobre la efectividad de las pulseras antimaltrato se intensifica.
La controversia en torno a las pulseras antimaltrato pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema y de las políticas de protección a las víctimas de violencia de género. La falta de confianza en las instituciones y en los mecanismos de protección es un tema crítico que debe ser abordado con urgencia. Las abogadas de Themis y otras organizaciones han pedido una mayor transparencia y responsabilidad por parte del Gobierno, así como una revisión de los procedimientos para garantizar que las víctimas reciban la protección que necesitan.
En un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema grave en la sociedad, es fundamental que las autoridades tomen en serio las críticas y trabajen para mejorar la seguridad de las víctimas. La implementación de sistemas efectivos y la atención a las quejas y preocupaciones de las víctimas son pasos esenciales para construir un entorno más seguro y justo para todas las mujeres. La situación actual no solo afecta a las víctimas individuales, sino que también refleja una crisis de confianza en las instituciones encargadas de proteger a las personas más vulnerables en la sociedad.
