La situación de los menores inmigrantes no acompañados en España ha generado un intenso debate en las últimas semanas, especialmente en el contexto de las decisiones tomadas por el Gobierno de Baleares. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha sido una de las voces más críticas en este asunto, señalando que las acciones del Govern balear no son simplemente una cuestión de falta de recursos, sino que están motivadas por actitudes racistas.
### La Respuesta de Sira Rego y el Contexto del Reparto de Menores
El 22 de agosto de 2025, Sira Rego utilizó su cuenta en la red social Bluesky para expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de Baleares de recurrir ante el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar del decreto que regula el reparto de menores inmigrantes desde Ceuta, Melilla y Canarias. En su mensaje, Rego enfatizó que el problema no radica en la falta de medios, sino en un problema más profundo de racismo institucional. Esta declaración ha suscitado reacciones tanto de apoyo como de rechazo en diferentes sectores de la sociedad.
La ministra también criticó la falta de participación del Govern balear en la última Conferencia Sectorial de Infancia, donde se discutió la aprobación de un fondo extraordinario de 22 millones de euros destinado a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La ausencia de la presidenta balear, Marga Prohens, en esta reunión ha sido interpretada por Rego como una falta de compromiso con la problemática de los menores inmigrantes.
La controversia se intensificó cuando se conoció que diez comunidades autónomas, todas gobernadas por el Partido Popular, habían decidido recurrir el mecanismo de reparto de menores, lo que ha llevado a la ministra a calificar esta acción como un plante que afecta directamente a la atención y protección de estos menores vulnerables.
### El Decreto de Reparto y las Reacciones de las Comunidades Autónomas
El decreto en cuestión, aprobado el 18 de julio de 2025, establece un procedimiento para la acogida y reubicación de menores inmigrantes no acompañados. Este proceso es crucial, ya que busca aliviar la presión sobre las comunidades autónomas que enfrentan una saturación de recursos debido a la llegada masiva de inmigrantes. Sin embargo, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha anunciado que su Gobierno recurrirá tanto este decreto como el que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros, que establecerá la capacidad ordinaria de acogida.
La decisión de Baleares de recurrir el decreto ha sido respaldada por otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, que también han expresado su preocupación por la implementación de un mecanismo que consideran forzoso. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha llevado su oposición al Tribunal Supremo, lo que ha generado un clima de tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
A pesar de estas controversias, el Gobierno ha manifestado su intención de seguir adelante con el proceso de reubicación, programado para comenzar el 28 de agosto de 2025. Este proceso incluirá la aprobación de un tercer decreto que detallará las cifras de reubicación que cada comunidad deberá asumir, así como la financiación correspondiente.
La situación actual pone de manifiesto las diferencias políticas y sociales en torno al manejo de la inmigración en España. Mientras algunos argumentan que es necesario garantizar la protección de los menores inmigrantes, otros sostienen que las comunidades autónomas deben tener la capacidad de decidir sobre la acogida de estos menores, especialmente en un contexto de recursos limitados.
La polémica ha generado un debate más amplio sobre la inmigración en España, donde las opiniones están profundamente divididas. Por un lado, hay quienes defienden la necesidad de una respuesta humanitaria y solidaria hacia los menores inmigrantes, mientras que otros expresan su preocupación por la presión que esta situación ejerce sobre los recursos públicos y la capacidad de acogida de las comunidades autónomas.
En este contexto, la ministra Rego ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los menores inmigrantes, subrayando que la protección de estos jóvenes no debe ser un tema de debate político, sino una cuestión de derechos humanos. La situación continúa evolucionando, y se espera que las decisiones que se tomen en los próximos días tengan un impacto significativo en la vida de muchos menores que buscan un futuro mejor en España.
