La asociación de la Guardia Civil, Jucil, ha tomado medidas legales en respuesta a lo que consideran una campaña de desprestigio orquestada por algunos de sus exmiembros. El pasado 28 de febrero, Jucil y su secretario general, Ernesto Vilariño, interpusieron varias querellas por injurias, calumnias y revelación de secretos contra el exsecretario de Comunicación, Agustín Leal, así como contra otros dos secretarios provinciales y dos miembros de la organización.
En un comunicado, Jucil ha denunciado que estas personas han lanzado acusaciones infundadas contra la cúpula directiva, incluyendo delitos como estafa y apropiación indebida, con el objetivo de generar una crisis interna que debilite la imagen de la asociación. Según la dirección de Jucil, estas acciones buscan desplazar a los actuales líderes de la organización.
Ante esta situación, Jucil ha decidido presentar dos querellas, tanto en nombre de la asociación como a título personal por parte de Vilariño. Una de estas querellas ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción nº 1 de León. En respuesta, los cinco querellados han presentado una denuncia en el mismo juzgado, aunque esta ha sido archivada provisionalmente mientras se solicita una aclaración al secretario de Finanzas de Jucil. Hasta el momento, no hay causas abiertas contra la dirección de la asociación, y el juzgado se ha limitado a realizar diligencias previas.
El comité ejecutivo nacional de Jucil ha manifestado su apoyo a Vilariño, destacando que los secretarios provinciales han firmado un documento en contra de las acciones de Leal y los otros implicados. En este contexto, se ha mencionado que, de los 21 integrantes de una plataforma que se opuso a la dirección actual, solo quedan cinco tras una auditoría externa y reuniones informativas.
Además, Jucil ha indicado que los querellados han sido expedientados y apartados de sus funciones por actos de deslealtad, lo que forma parte de una segunda causa disciplinaria en curso. Las penas asociadas a los delitos de injurias y calumnias pueden llegar hasta dos años de prisión y multas significativas, especialmente cuando se dirigen a representantes públicos o afectan al prestigio de una entidad profesional. El Código Penal español contempla un agravante de publicidad cuando se utilizan medios de comunicación para amplificar las calumnias, lo que se ha dado en este caso.
Jucil ha advertido que, además de las posibles condenas en los tribunales, los implicados podrían enfrentarse a un expediente disciplinario dentro de la Guardia Civil. En particular, Agustín Leal ha sido objeto de varios expedientes disciplinarios por parte de la dirección de la Benemérita, algunos de los cuales aún están en curso. Según la ley disciplinaria de la Guardia Civil, estos procesos pueden culminar en la separación del servicio, es decir, en la expulsión del Cuerpo.
Ernesto Vilariño ha afirmado que no cesarán en sus esfuerzos por restaurar la buena imagen de la asociación, recordando que llevan seis años luchando por los derechos de los guardias civiles, incluyendo la equiparación salarial. Vilariño ha enfatizado que aquellos que juegan con el honor y la lealtad de la institución no son bienvenidos en Jucil. La situación actual refleja un profundo conflicto interno que podría tener repercusiones significativas tanto para la asociación como para sus miembros involucrados en las denuncias y querellas.
