La reciente presentación del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2025 ha puesto de relieve la situación fiscal de Andalucía, que ha descendido del quinto al séptimo puesto en el ranking. Este informe, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, revela que la comunidad andaluza ha obtenido una calificación de 6,30, inferior al 6,57 del año anterior. Este cambio de posición se debe, en parte, a la mejora de otras comunidades como Canarias y La Rioja, que han implementado reformas significativas en sus sistemas fiscales, especialmente en lo que respecta a los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones.
A pesar de este retroceso, el informe destaca que Andalucía sigue siendo una de las regiones con un desempeño fiscal notable, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de la vivienda habitual y a la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones. Sin embargo, se señala que la falta de nuevas reformas y la complejidad acumulada en algunos tributos autonómicos han limitado su capacidad de avanzar en el ranking. Este informe ha sido utilizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para posicionar a la comunidad como un territorio fiscalmente atractivo.
La presentación del informe tuvo lugar en el Senado durante la Jornada de Economía y Competitividad Fiscal, un evento que reunió a políticos, académicos y expertos internacionales. Durante esta jornada, se enfatizó la importancia de la competencia fiscal como una herramienta clave para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la retención de talento en las comunidades autónomas. Cristina Enache, autora del índice, advirtió sobre la contradicción del Gobierno central al exigir una armonización fiscal mientras otorga una competencia fiscal ilimitada a Cataluña.
**Evolución de la Competitividad Fiscal en Andalucía**
Desde 2017, Andalucía ha experimentado un ascenso notable en el ranking de competitividad fiscal, pasando de la decimosexta a la séptima posición. Este avance se ha logrado gracias a una política fiscal activa que ha incluido la reducción progresiva del IRPF, la bonificación general del Impuesto sobre el Patrimonio y la simplificación de tributos propios. En particular, el Impuesto sobre Sucesiones ha visto una bonificación del 99% para cónyuges y parientes directos desde 2019, junto con una reducción de 1.000.000 euros en la base imponible.
En 2022, Andalucía mejoró el tratamiento de la vivienda habitual, aplicando una reducción del 99% sin límite de valor y eliminando la discriminación por patrimonio preexistente. Además, se incrementó la deducción para los contribuyentes del grupo III de parentesco, que pasó de 7.993 euros a 10.000 euros. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, la comunidad mantiene una bonificación general del 100%, aplicando la escala estatal durante la vigencia del impuesto de solidaridad. Estas medidas han permitido a Andalucía conservar una posición destacada en el índice correspondiente.
Sin embargo, el informe también señala que el IRPF andaluz sigue siendo uno de los puntos débiles del sistema fiscal. A pesar de las deflactaciones parciales y las reducciones en tramos, los tipos impositivos continúan siendo elevados en comparación con otras regiones más competitivas, como Madrid o las diputaciones vascas. Por ejemplo, mientras que Madrid mantiene un tipo máximo del 45% y lidera el ranking general con una nota de 7,02, Andalucía se queda con una puntuación de 4,67.
**Desafíos y Oportunidades para el Futuro Fiscal de Andalucía**
El informe también destaca que los impuestos propios autonómicos son una carga para Andalucía, que mantiene cinco tributos activos. Esta carga burocrática contrasta con la situación de Madrid y el País Vasco, donde se han eliminado todos los impuestos propios, lo que les ha permitido liderar el índice correspondiente con la máxima puntuación. En cambio, Cataluña se sitúa en la última posición de la clasificación general y del índice de impuestos propios, con un total de once tributos autonómicos activos.
En el ámbito de Sucesiones, las bonificaciones no se extienden a los grupos III y IV, lo que genera desigualdad y complejidad en el impuesto. Además, se mantienen coeficientes multiplicadores por parentesco que elevan el tipo efectivo hasta el 49,4%, superando a países como Luxemburgo o Reino Unido. Asturias y Murcia, por su parte, aplican tipos máximos del 87,6%, los más altos de Europa. A pesar de estas desventajas, Galicia, Cantabria y Baleares, junto con Andalucía, lideran el índice de Sucesiones gracias a sus amplias bonificaciones y a la simplificación normativa.
Para que Andalucía pueda recuperar posiciones en el ranking, el informe recomienda una simplificación normativa, una mayor equidad en el Impuesto sobre Sucesiones y una rebaja sostenida en el IRPF. A pesar de los desafíos, el informe sugiere que la comunidad tiene margen para volver a estar entre las cinco primeras, pero necesita retomar el impulso reformista que la llevó a escalar nueve puestos en los últimos ocho años. La situación actual plantea un reto significativo, pero también una oportunidad para que Andalucía se posicione como un referente en competitividad fiscal en el futuro.
