La reciente reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia ha desatado un clima de tensión entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas en relación con el reparto de menores inmigrantes no acompañados desde Ceuta y Canarias. Este conflicto se centra en la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar hasta 3.975 niños, niñas y adolescentes a diferentes regiones del país, una cifra que ha sido rechazada por once comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), así como por Castilla-La Mancha y Melilla.
La situación se complica aún más al considerar que Ceuta, junto con Canarias y Melilla, es uno de los principales puntos de origen de estos menores. La propuesta del Gobierno ha sido calificada de “ilegal” por los servicios jurídicos de varias comunidades, que argumentan que el reparto forzoso de menores no puede ser llevado a cabo sin un plan de integración adecuado y suficiente financiación.
### La Resistencia de las Comunidades Autónomas
El rechazo a las cifras propuestas por el Gobierno ha sido unánime entre las comunidades autónomas que se oponen al reparto. En particular, la Comunidad de Madrid ha expresado su preocupación por la insuficiencia de los 15 millones de euros destinados a la atención de los menores, considerando que esta cantidad no es suficiente para garantizar una atención adecuada. La consejera de Inclusión Social de Madrid ha criticado la falta de un plan claro y ha exigido una política migratoria más controlada que aborde la situación desde los países de origen.
Además, se ha denunciado que el Gobierno ha manipulado los datos para favorecer a ciertas comunidades, como Cataluña y el País Vasco, que no participarán en esta redistribución. Esta situación ha generado un fuerte malestar en el resto de las comunidades, que se sienten desprotegidas y sobrecargadas por la responsabilidad de acoger a un número elevado de menores.
Andalucía, que se vería obligada a acoger a 677 menores, ha manifestado que su sistema de protección está al límite y que no puede asumir más carga sin comprometer la atención a los menores ya tutelados. La Junta ha instado al Gobierno a reconsiderar su propuesta y a actuar dentro de las capacidades reales de cada comunidad.
### La Situación en Ceuta y el Futuro de los Menores
En Ceuta, la preocupación por el bloqueo institucional es palpable. Los centros de acogida de menores inmigrantes están saturados, y la falta de consenso político sobre el reparto podría retrasar los traslados previstos. La oposición de varias comunidades al plan del Gobierno ha generado incertidumbre sobre los plazos y las condiciones de aplicación de estas medidas, lo que podría repercutir negativamente en la calidad de la atención que reciben los menores.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha lamentado la actitud de las comunidades que han votado en contra del reparto, acusándolas de entorpecer la acogida solidaria de la infancia migrante. Sin embargo, las comunidades argumentan que su rechazo se basa en la falta de recursos y en la necesidad de un enfoque más humano y sostenible en la gestión de la inmigración.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha insistido en que el objetivo de esta redistribución es garantizar condiciones dignas para los menores y aliviar la presión en los sistemas de acogida más saturados. Sin embargo, la falta de acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas plantea serias dudas sobre la viabilidad de este plan y sobre cómo se llevará a cabo en la práctica.
La situación de los menores inmigrantes no acompañados es un tema delicado que requiere un enfoque integral y colaborativo. La falta de consenso entre el Gobierno y las comunidades no solo afecta a la logística del reparto, sino que también pone en riesgo el bienestar de miles de niños y adolescentes que buscan un futuro mejor en España. La presión sobre los sistemas de acogida y la necesidad de una política migratoria más efectiva son cuestiones que deben ser abordadas con urgencia para evitar que la situación se convierta en una crisis aún mayor.
