La reciente publicación del censo oficial del lobo ibérico ha desatado una intensa controversia entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Según el último recuento, se estima que hay 333 manadas de lobos en el país, lo que representa un aumento del 12% en comparación con el censo anterior de hace diez años. Sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para satisfacer a las comunidades que consideran que el Gobierno está manejando la situación de manera poco transparente y con datos que no reflejan la realidad del lobo en sus territorios.
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que el número mínimo de manadas necesario para asegurar la viabilidad genética del lobo a largo plazo es de 500. Esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de las comunidades autónomas, especialmente aquellas que albergan la mayor cantidad de manadas, como Castilla y León, donde se encuentran 193 de ellas. Los consejeros de Medio Ambiente de estas regiones han calificado de “insulto a la inteligencia” la comparación que hace el Gobierno entre la población de lobos y la de linces, argumentando que los datos presentados carecen de un respaldo científico sólido.
### La Resistencia de las Comunidades Autónomas
Las comunidades autónomas que han sido históricamente loberas han expresado su descontento con la gestión del lobo por parte del Gobierno central. En 2021, cuando el Ejecutivo decidió incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre), las comunidades argumentaron que esto les quitaba competencias en la gestión del cánido, limitando su capacidad para controlar la población de lobos y, por ende, los daños que estos causan en la ganadería. Desde entonces, los ataques de lobos a ganado han ido en aumento, lo que ha llevado a los ganaderos a exigir una revisión de la situación.
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido uno de los más críticos, afirmando que el informe del Gobierno es un “juego de trilerismo” y que no tiene fundamento científico. Esta postura ha sido respaldada por otros territorios, como Asturias y Galicia, donde también se ha visto un aumento en la población de lobos. En Galicia, por ejemplo, el número de manadas ha crecido de 84 a 93, lo que ha llevado a la Xunta a oponerse a la inclusión del lobo como especie protegida.
A pesar de las críticas, el Gobierno se mantiene firme en su posición, argumentando que la protección del lobo ha contribuido a su aumento poblacional. La ministra Aagesen ha reiterado que el objetivo es alcanzar un número de manadas que garantice la viabilidad genética del lobo a largo plazo, y que cualquier intento de las comunidades de reintroducir la caza del lobo será rechazado. Esta postura ha generado un clima de tensión entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que se sienten despojadas de su capacidad de gestión.
### La Situación Actual y los Desafíos Futuros
La situación del lobo ibérico en España es compleja y está marcada por la falta de consenso entre las diferentes partes involucradas. Aunque el censo reciente muestra un aumento en la población de lobos, las comunidades autónomas argumentan que este crecimiento no es suficiente para justificar la restricción de sus competencias en la gestión del animal. La Ley de Desperdicio Alimentario, que ha permitido que el lobo salga del Lespre, ha abierto la puerta a que las comunidades realicen “extracciones” de ejemplares conflictivos, pero esto no ha sido suficiente para calmar las tensiones.
El próximo encuentro entre el Gobierno y las comunidades está programado para el 11 de julio, y se espera que sea un nuevo punto de fricción. Las comunidades han solicitado que se retire el debate sobre el estado del lobo, argumentando que no han tenido tiempo suficiente para analizar los datos presentados. La falta de un pronunciamiento oficial sobre el estado de la especie y la incertidumbre sobre las futuras políticas de gestión del lobo continúan generando preocupación entre los ganaderos y las comunidades loberas.
En resumen, la gestión del lobo ibérico en España se encuentra en un punto crítico, donde las diferencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas son evidentes. La necesidad de un enfoque equilibrado que contemple tanto la conservación de la especie como la protección de los intereses de los ganaderos es más urgente que nunca. A medida que se acercan las próximas reuniones, el futuro del lobo ibérico y su gestión en España sigue siendo un tema de intenso debate y controversia.
