La relación entre México y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense, que ha señalado a varias entidades financieras mexicanas como cómplices en el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Esta situación ha llevado a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, a incluir a México en una lista de “países adversarios”, junto a naciones como Rusia, China e Irán. Este artículo explora las implicaciones de estas acusaciones y la respuesta del gobierno mexicano.
**Acusaciones de Lavado de Dinero y su Impacto en la Relación Bilateral**
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha acusado a dos bancos y una casa de bolsa mexicana de facilitar el lavado de activos del narcotráfico. Entre las entidades mencionadas se encuentran Intercam y CI Banco, este último con operaciones en España desde 2016. La fiscal general Bondi, en una reciente comparecencia ante el Senado, no dudó en calificar a México como un país adversario, lo que ha generado una fuerte reacción en el gobierno mexicano.
La mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones durante una conferencia de prensa, afirmando que no existen pruebas concretas que respalden las afirmaciones del Departamento del Tesoro. “Si hay pruebas, si se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea”, declaró Sheinbaum, enfatizando que hasta el momento no se ha recibido evidencia que demuestre el lavado de dinero por parte de las entidades mencionadas.
Este conflicto es especialmente delicado para el oficialismo mexicano, ya que el dueño de la casa de bolsa Vector, Alfonso Romo, tiene vínculos cercanos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Romo fue jefe de oficina de López Obrador al inicio de su gobierno y mantiene relaciones con sus hijos, quienes continúan activos en la política. Esto añade una capa de complejidad a la situación, ya que las acusaciones podrían tener repercusiones políticas significativas para el actual gobierno.
**La Respuesta de México y el Acuerdo de Seguridad**
En medio de este clima de tensión, la presidenta Sheinbaum ha intentado restar importancia a las declaraciones de Bondi, sugiriendo que la fiscal no está bien informada. Además, para demostrar la cooperación entre ambos países, anunció que los titulares de Defensa y Marina de México visitaron el Comando Norte de EE.UU. y que se está preparando un acuerdo de seguridad. Este acuerdo busca fortalecer la coordinación bilateral en temas de seguridad, lo que podría ayudar a mitigar las tensiones actuales.
La visita de Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU., a Ciudad de México para discutir la agenda de seguridad también es un indicativo de que, a pesar de las acusaciones, ambos países están interesados en mantener un diálogo abierto. La firma de un acuerdo de seguridad podría ser un paso positivo hacia la resolución de las diferencias y la mejora de la relación bilateral.
Sin embargo, la inclusión de México en la lista de países adversarios por parte de EE.UU. plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación en temas de seguridad y comercio. La administración de Donald Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia México, lo que podría complicar aún más las relaciones entre ambos países. La presión sobre el gobierno mexicano para que tome medidas más enérgicas contra la ‘narcopolítica’ es un tema recurrente en las conversaciones entre ambos gobiernos.
La situación actual refleja no solo las tensiones en la relación bilateral, sino también las complejidades internas de la política mexicana. Las acusaciones de lavado de dinero y la inclusión en la lista de países adversarios podrían tener un impacto significativo en la percepción pública y en la estabilidad política del gobierno de Sheinbaum. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, será crucial observar cómo ambos países manejan esta crisis y si se pueden encontrar soluciones que beneficien a ambas naciones.
