La reciente decisión del Imserso en Ceuta de privatizar parte del servicio de valoración de discapacidad ha generado una fuerte controversia. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha manifestado su oposición a esta medida, tildándola de “ilegal” y argumentando que existen alternativas viables dentro del sistema público que podrían haber sido consideradas. Esta situación afecta a más de 1.500 expedientes que se encuentran pendientes de valoración, algunos de los cuales llevan acumulando retrasos de hasta un año y medio.
### La Privatización y sus Implicaciones
La privatización del servicio se ha concretado a través de un contrato menor adjudicado a una clínica privada local. CCOO ha denunciado que esta decisión no solo es irresponsable, sino que también compromete la calidad y la imparcialidad del proceso de valoración de discapacidad. Según el sindicato, la externalización de este servicio esencial podría poner en riesgo el cumplimiento de normativas fundamentales, como la ley de protección de datos y la ley de incompatibilidades del personal público.
El sindicato ha señalado que la utilización de un contrato menor, que implica menos controles y transparencia, es particularmente preocupante. Este tipo de adjudicación se ha criticado por ser un mecanismo que podría vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público. CCOO ha cuestionado la lógica detrás de la adjudicación, ya que solo se resolverán 800 de los más de 1.500 expedientes pendientes, dejando a un gran número de personas sin respuesta a sus solicitudes.
### Alternativas Propuestas por CCOO
CCOO ha propuesto varias alternativas que podrían haber sido implementadas en lugar de la privatización. Entre estas opciones se incluye la movilidad geográfica provisional de personal médico del propio organismo, la colaboración con facultativos del Ingesa a través de encomiendas de gestión, y una reorganización interna del personal disponible. El sindicato ha enfatizado que no es cierto que no existan medios públicos para desarrollar este servicio, y ha instado al Imserso a reconsiderar su decisión.
La organización sindical ha expresado su preocupación por la calidad de las valoraciones médicas que se realizarán bajo este nuevo modelo. Con un presupuesto de 15.000 euros para 800 valoraciones, CCOO ha advertido que esto podría llevar a un enfoque de “valoraciones al peso”, comprometiendo la rigurosidad del proceso. Las valoraciones de discapacidad son cruciales, ya que afectan directamente a los derechos y recursos fundamentales de las personas dependientes y sus familias.
### Reacciones Políticas y Sociales
La situación ha suscitado críticas no solo desde el ámbito sindical, sino también desde el político. El Partido Popular ha calificado la situación del Imserso como un “colapso absoluto” y ha exigido medidas inmediatas para abordar la crisis. Según los populares, el retraso en las valoraciones de discapacidad refleja un “abandono total” por parte del gobierno, lo que ha generado una situación insostenible para muchas familias que dependen de estas valoraciones para acceder a recursos y apoyos necesarios.
Además, han alertado sobre la posibilidad de denuncias judiciales por parte de familias afectadas, quienes han manifestado que la falta de una valoración médica oportuna está impactando gravemente su calidad de vida. Más de 1.500 personas en Ceuta aún esperan ser valoradas, lo que ha llevado a la comunidad a exigir una solución urgente.
El Defensor del Pueblo también ha intervenido en esta situación, emitiendo recomendaciones al Imserso tras investigar las quejas recibidas tanto en Ceuta como en Melilla. Estas recomendaciones buscan abordar el atasco de expedientes y mejorar la gestión del servicio de valoración de discapacidad.
### La Vigilancia del Sindicato
CCOO ha dejado claro que seguirá vigilante ante cualquier nuevo intento de externalización que pueda degradar la calidad del servicio y poner en riesgo derechos sociales fundamentales. El sindicato ha exigido la revocación inmediata del contrato adjudicado y ha instado al Imserso a explorar las vías públicas ya planteadas para solucionar el atasco de expedientes.
La controversia en torno a la privatización del servicio de valoración de discapacidad en Ceuta pone de manifiesto la necesidad de un debate más amplio sobre la gestión de servicios públicos y la importancia de garantizar que las decisiones tomadas no comprometan la calidad y la equidad en el acceso a derechos fundamentales para las personas con discapacidad.
