La reciente aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados de una proposición de ley que busca garantizar el acceso gratuito a gafas y lentillas para menores de edad ha generado un gran interés en la sociedad española. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por mejorar la salud visual de la población, se presenta como un cambio significativo en la política de salud pública del país.
En Ceuta, se estima que cerca de 4.000 menores sufren de pobreza visual, según datos de la asociación Visión y Vida. Esta situación ha llevado a la necesidad urgente de abordar el acceso a productos ópticos, que son esenciales para el desarrollo y bienestar de los niños. La propuesta legislativa, que ha recibido un respaldo mayoritario, busca integrar gafas graduadas y lentes de contacto en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La iniciativa proviene del Parlamento de Andalucía y ha sido respaldada por varios partidos, incluyendo el PSOE y el PP. Este apoyo indica un consenso político que podría facilitar la implementación de la ley, que tiene como objetivo principal modificar la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS. De ser aprobada, la ley permitiría que los menores de edad accedan a gafas y lentillas de manera gratuita, mientras que los adultos con menos recursos económicos recibirían una financiación proporcional a su situación económica.
Uno de los principales defensores de esta ley, el diputado José Ignacio García de Adelante Andalucía, ha subrayado que las gafas y lentillas no deben ser consideradas como un lujo o un producto de moda, sino como una necesidad básica para la salud visual. Según sus declaraciones, el 31% de los menores en España presenta problemas de salud visual sin tratar, lo que resalta la importancia de esta medida para corregir desigualdades en el acceso a la salud óptica.
La propuesta también busca abordar la brecha social existente en el uso de gafas, que muestra una diferencia del 12% entre clases sociales. Esto pone de manifiesto la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, tengan acceso a productos ópticos que son fundamentales para su calidad de vida.
El proceso legislativo aún tiene un camino por recorrer, ya que la proposición deberá ser revisada por las comisiones parlamentarias pertinentes antes de su aprobación definitiva. Sin embargo, el apoyo inicial sugiere que hay un compromiso político para avanzar en esta dirección. La ministra de Sanidad, Mónica García, ya había anticipado que su departamento trabajaría para ampliar la cartera de servicios del SNS en materia de salud visual, con especial atención a los colectivos vulnerables y a la infancia.
A pesar del respaldo mayoritario, la propuesta no ha estado exenta de críticas. La diputada del PP, Elvira Velasco, ha señalado que esta iniciativa no habría sido necesaria si el Gobierno central hubiera cumplido con los acuerdos de coalición que ya contemplaban la ampliación de prestaciones sanitarias, incluidas ayudas ópticas. Velasco ha calificado la tramitación actual como una maniobra que llega con retraso y ha criticado la falta de concreción en los anuncios del Ejecutivo.
Por otro lado, desde el PSOE, la diputada María del Pilar Navarro ha defendido la necesidad de que la Seguridad Social asuma los costes de estos productos ópticos, especialmente para menores y adultos con ingresos bajos. Sin embargo, su compañera María Carmen Castilla ha criticado lo que considera un “postureo” por parte de la Junta de Andalucía, acusándola de no cumplir con sus compromisos en materia de salud.
La propuesta de ley representa un paso hacia una sanidad pública más inclusiva, donde el acceso a productos ópticos no sea un lujo, sino un derecho fundamental. La medida no solo busca corregir desigualdades, sino también fomentar una prevención activa de problemas visuales que, si no se tratan a tiempo, pueden tener consecuencias más graves a largo plazo. La atención ahora se centra en el desarrollo de la tramitación parlamentaria, y si la ley avanza como se espera, podría aliviar la carga económica de muchas familias y marcar un hito en la inclusión de productos ópticos dentro del sistema público de salud.
