Ceuta enfrenta una crisis estructural en su sector pesquero, centrada en la imposibilidad de acceder a la cuota de atún rojo. A pesar de compromisos oficiales del Gobierno de España en 2020, seis años después la almadrabeta ceutí sigue sin autorización definitiva. La falta de solución pone en riesgo empleos, tradición marítima y sostenibilidad económica local.
¿Qué dijo el Gobierno en 2020 y qué ocurre hoy?
En mayo de 2020, el Gobierno respondió en el Senado que el sector pesquero de Ceuta y Melilla estaba “siempre presente” en sus políticas. Aseguró colaboración constante con la Ciudad Autónoma y trabajo conjunto para garantizar una pesca sostenible.
Hoy, el delegado del Gobierno en Ceuta reconoce abiertamente que aún no existe una fórmula operativa para otorgar autorizaciones de atún rojo. No hay cuota asignada, no hay plan de acceso y no hay cronograma vinculante.
El vacío normativo afecta a la almadrabeta
La almadrabeta es una técnica ancestral de pesca artesanal que depende exclusivamente del atún rojo. Sin acceso a la cuota, no puede operar legalmente. Su paralización no es técnica: es administrativa y política.
La interlocución no se tradujo en acción
El Gobierno habló de “diálogo permanente”, pero no se materializó en acuerdos con la Comisión Europea, ni en reformas del Reglamento (UE) 2019/1241, ni en mecanismos de compensación para ciudades autónomas.
¿Cuál es el impacto económico real de esta parálisis?
La pesca representa el 3,2 % del PIB de Ceuta. La almadrabeta, aunque minoritaria en volumen, genera empleo directo en 17 embarcaciones y empleo indirecto en lonjas, astilleros y comercialización.
- Más del 65 % de los pescadores ceutíes dependen del atún rojo para su renta anual.
- La paralización ha reducido un 40 % los ingresos medios del sector desde 2020.
- No hay inversión privada en modernización de flota por incertidumbre regulatoria.
- Ceuta pierde capacidad de negociación en foros pesqueros mediterráneos.
¿Qué marco legal bloquea el acceso a la cuota?
La cuota de atún rojo se asigna bajo el Reglamento (UE) 2019/1241, que vincula los derechos de pesca a flotas inscritas en el Registro de Buques de la Unión Europea. Ceuta, al no tener competencias plenas en política pesquera, no puede gestionar su cuota de forma autónoma.
Además, el Real Decreto 109/2022, que regula la pesca en aguas de Ceuta y Melilla, no contempla mecanismos específicos para la almadrabeta. Tampoco existe un protocolo bilateral con Marruecos que garantice el paso de embarcaciones ceutíes por aguas contiguas.
Falta de coordinación entre administraciones
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha activado el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Ceuta, que prevé la cooperación en materias de competencia estatal con incidencia directa en la ciudad.
La UE exige trazabilidad y control, pero no flexibilidad
Bruselas exige cumplimiento estricto de los planes de recuperación del atún rojo. Sin embargo, no ha previsto excepciones para actividades tradicionales con bajo impacto ambiental, como la almadrabeta.
¿Qué datos clave definen la urgencia del problema?
- La almadrabeta ceutí data del siglo XVII y es Patrimonio Cultural Inmaterial en trámite ante la UNESCO.
- Ceuta no ha recibido ni un solo kilogramo de cuota de atún rojo desde 2019.
- El 92 % de los pescadores locales considera que la actividad desaparecerá en menos de cinco años sin solución.
- El Gobierno central no ha incluido a Ceuta en el Plan Estratégico Nacional de Pesca Sostenible 2023–2030.
- No existe un informe técnico oficial que evalúe el impacto ambiental real de la almadrabeta ceutí.
La situación trasciende lo técnico: es un fallo de gobernanza, una brecha entre discurso y ejecución, y un riesgo real para la identidad económica de Ceuta. Sin una solución vinculante antes de 2025, la almadrabeta podría extinguirse como actividad regulada. La sostenibilidad pesquera no debe ser sinónimo de exclusión territorial.
