La Junta de Andalucía adjudicó el servicio judicial de recogida de cadáveres en Sevilla a Evolvaskills, una empresa creada diez días antes del cierre del plazo de licitación. Su objeto social no incluye actividades funerarias. El contrato, inicialmente de 372.479,37 euros, podría superar los 677.000 euros con prórroga. El precio por levantamiento es de solo 84 euros, insuficiente para cubrir costes reales.
¿Por qué ninguna empresa funeraria se presentó al concurso?
Las compañías especializadas rechazaron la licitación por su desajuste económico. El precio fijado no compensa los gastos operativos: transporte urgente, personal cualificado, cumplimiento normativo y traslado obligatorio al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla.
El servicio exige disponibilidad 24/7, vehículos homologados y protocolos forenses estrictos. Las funerarias calculan costes reales superiores a 180 euros por levantamiento. La tarifa pública no refleja ni la complejidad ni el riesgo operativo.
Falta de viabilidad técnica y financiera
- No existe un sistema de ajuste tarifario por distancia, población o complejidad del caso.
- Las empresas deben asumir costes fijos (mantenimiento de flota, formación en bioseguridad, seguros especiales) sin margen de rentabilidad.
- La ausencia de competencia revela un fracaso del diseño del concurso, no una falta de interés del sector.
¿Qué dice el marco legal sobre la externalización de servicios forenses?
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público exige que los pliegos reflejen la naturaleza técnica y especializada del servicio. El artículo 101 exige que los criterios de adjudicación ponderen la experiencia y la capacidad técnica. Evolvaskills carece de historial en gestión funeraria o forense.
La normativa andaluza exige a los prestadores de servicios funerarios autorización previa de la Consejería de Salud. Evolvaskills no la posee. Tampoco figura en el Registro de Empresas Funerarias de Andalucía.
Incumplimiento de los principios de transparencia y proporcionalidad
- El plazo entre constitución de la empresa y presentación de oferta impide verificar su solvencia real.
- No se exigió experiencia previa ni certificaciones específicas en gestión de cadáveres.
- La ausencia de garantías técnicas contraviene el artículo 111 de la Ley de Contratos.
¿Cuál es el impacto económico real del servicio?
El coste real de un levantamiento judicial supera los 180 euros, según cálculos del Observatorio de los Servicios Funerarios. Incluye:
- Desplazamiento en menos de 90 minutos desde cualquier punto de la provincia.
- Personal con formación en bioseguridad, manejo de cadáveres y protocolos judiciales.
- Vehículos con cámara frigorífica homologada y sistema de geolocalización.
- Coordinación con juzgados, forenses y el IML.
La tarifa actual representa menos del 47 % del coste real. Esto genera una transferencia de costes al sector privado, que termina asumiéndolos mediante reducción de calidad o desinversión en formación y equipamiento.
Datos Clave
- Evolvaskills fue constituida el 8 de junio, diez días antes del cierre del plazo de licitación.
- Su administrador único ostenta 15 cargos en sociedades sin vinculación funeraria.
- El precio por levantamiento es fijo: 84 euros, sin diferenciación geográfica ni de complejidad.
- El contrato podría alcanzar 677.000 euros con prórroga, pero carece de cláusulas de revisión técnica o económica.
- El Observatorio de los Servicios Funerarios califica el caso como una advertencia de sostenibilidad sistémica.
¿Qué consecuencias tiene la tridimensionalidad de este caso?
El caso no es solo administrativo. Tiene tres dimensiones interconectadas:
- Contexto actual: Crisis de cobertura en servicios forenses en Andalucía y Galicia. Concurso desierto en otras comunidades.
- Impacto económico: Subfinanciación crónica que desincentiva la especialización y fomenta la externalización a empresas sin experiencia.
- Marco práctico y legal: Ausencia de requisitos mínimos de idoneidad técnica en los pliegos, vulnerando la Ley de Contratos y la normativa sanitaria.
Esta tríada evidencia un modelo insostenible. La externalización sin criterios técnicos pone en riesgo la dignidad del servicio, la seguridad jurídica y la integridad del proceso forense.
