El Gobierno ha anunciado una revisión de las indemnizaciones por residencia, pero solo para Baleares. Esta decisión deja fuera a Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. Miles de empleados públicos enfrentan una situación de desigualdad salarial y jurídica. La medida contradice el Acuerdo Marco de Condiciones Laborales de noviembre de 2023. La urgencia no es técnica: es ética, económica y constitucional.
¿Por qué la revisión de la indemnización por residencia solo incluye Baleares?
El Real Decreto sobre jubilación parcial publicado en febrero de 2024 incluye una disposición adicional única. En ella, el Gobierno se compromete a revisar las cuantías del complemento de residencia en un plazo de seis meses. Pero ese compromiso se limita expresamente a la Comunidad Autónoma de Baleares.
CSIF denuncia que esta exclusividad carece de justificación objetiva. No existe diferencia técnica ni económica que justifique tratar a Baleares distinto de Canarias, Ceuta o Melilla. Todos ellos comparten factores comunes: insularidad, coste de vida elevado y aislamiento geográfico.
El marco legal exige coherencia territorial
El Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Función Pública establecen que las compensaciones por residencia deben responder a criterios objetivos y uniformes. La selección unilateral de un territorio vulnera el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE). Además, el Tribunal Constitucional ha reiterado que las diferencias salariales entre empleados públicos requieren una base razonable y proporcional.
¿Qué dice el Acuerdo Marco de Condiciones Laborales?
El acuerdo firmado en noviembre de 2023 con el Ministerio de Función Pública incluía la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio y residencia como compromiso vinculante. CSIF exige su cumplimiento íntegro, no parcial.
El sindicato recuerda que el acuerdo no establecía excepciones territoriales. Tampoco condicionaba su aplicación a la disponibilidad presupuestaria. Su incumplimiento pone en riesgo la credibilidad de los procesos de negociación colectiva en el sector público.
El impacto económico es tangible
En Ceuta y Melilla, el coste de la vivienda supera en un 22 % la media nacional. En Canarias, el transporte y la energía encarecen la cesta de la compra un 18 %. Sin una actualización proporcional de las indemnizaciones, los salarios reales de los empleados públicos se erosionan. Esto afecta la retención de talento y agrava la fuga de profesionales cualificados.
¿Qué pasa con la jubilación parcial en la administración pública?
El Real Decreto-Ley de 2024 desbloqueó la jubilación parcial para el personal laboral. Pero funcionarios y personal estatutario —especialmente en sanidad— siguen excluidos. La reforma pensional RDL 11/2024 introdujo requisitos inviables: el relevista debe ser indefinido y a tiempo completo. Esa condición es incompatible con la realidad de hospitales y centros de salud con plantillas ajustadas.
La Ley de Función Pública está paralizada
El Gobierno ha trasladado la solución a la futura Ley de Función Pública. Pero su tramitación está estancada por falta de apoyos parlamentarios. Mientras tanto, miles de trabajadores pierden años de cotización y opciones reales de transición a la jubilación.
¿Cuál es el impacto real para los empleados públicos?
La exclusión de territorios no es un detalle administrativo. Es una decisión que afecta directamente el poder adquisitivo, la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades. Sin una actualización equitativa, se profundiza la brecha entre empleados públicos de distintas regiones.
Datos Clave
- La revisión del complemento de residencia solo aplica a Baleares, no a Canarias, Ceuta, Melilla ni el Valle de Arán.
- El Acuerdo Marco de noviembre de 2023 exigía una actualización integral, no selectiva.
- El coste de vida en Ceuta y Melilla supera la media nacional en más del 22 %.
- La jubilación parcial sigue bloqueada para funcionarios y personal estatutario desde 2012.
- La Ley de Función Pública no tiene fecha de aprobación y carece de mayoría parlamentaria.
- El RDL 11/2024 impone requisitos técnicos que inviabilizan la jubilación parcial en sanidad.
¿Qué marco práctico exige una solución inmediata?
La solución no requiere nuevas leyes. Basta con una orden ministerial que extienda la revisión a todos los territorios con régimen especial. También se necesita una modificación reglamentaria que flexibilice los requisitos de la jubilación parcial para personal estatutario. La inacción no es neutral: es una forma de discriminación estructural.
