La reducción de la ratio en Infantil de tres años en Andalucía ha generado tensiones reales en el proceso de escolarización 2024-2025. La Junta de Andalucía, mediante la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, bajó el límite de alumnos por aula de 25 a 22. Esto afecta directamente la capacidad de acogida en colegios de Sevilla, especialmente en zonas con alta presión demográfica y turística como el Casco Antiguo. Las familias aún esperan resultados oficiales, pero los primeros datos ya muestran desequilibrios territoriales y operativos.
¿Por qué se redujo la ratio en Infantil de tres años en Andalucía?
La decisión responde a una combinación de factores estructurales y políticos. La caída de la natalidad ha dejado aulas vacías en muchos centros. Sin embargo, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, liderada por María del Carmen Castillo, priorizó criterios pedagógicos sobre la mera ocupación. Se argumenta que grupos más pequeños mejoran la atención individualizada y la calidad del aprendizaje temprano.
¿Es una medida respaldada por evidencia científica?
Algunos expertos cuestionan su base empírica. No existe consenso internacional que vincule directamente ratios de 22 frente a 25 con mejoras significativas en desarrollo cognitivo o socioemocional a esta edad. Además, la medida se adoptó sin estudio previo de impacto territorial ni simulación de capacidad instalada.
¿Cómo afecta la nueva ratio a la escolarización en Sevilla?
El efecto no es uniforme. En distritos con baja demanda, la reducción ha acentuado el subuso de aulas. En otros, como el Casco Antiguo, ha generado listas de espera más largas. La presión turística agrava la escasez de vivienda familiar, concentrando la demanda en menos barrios. Esto distorsiona la planificación por distritos educativos —hay 11 en Sevilla— y desafía el principio de equidad territorial.
¿Qué dicen los centros concertados?
Rafael Caamaño, presidente de CECE, señala que, en términos generales, las solicitudes bajaron frente a 2025. Pero advierte: “Hay circunstancias particulares en cada distrito”. Algunos colegios recuperaron unidades tras perder alumnado el año anterior. Otros, con alta demanda histórica, ahora rechazan más solicitudes por falta de espacio físico compatible con la nueva ratio.
¿Qué implica la reducción de ratio desde el punto de vista legal y económico?
La medida se enmarca en la competencia autonómica en educación, pero choca con la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), que establece ratios máximas nacionales. Andalucía actúa dentro del margen, pero sin coordinación con el Ministerio de Educación. Económicamente, la reducción implica costes ocultos: más aulas necesarias, más docentes contratados y mayor gasto en infraestructura. No se han asignado partidas adicionales para ello.
¿Qué pasa con las comisiones de garantías?
Estas instancias, clave para resolver reclamaciones y revisar asignaciones, aún no se han reunido. Su retraso prolonga la incertidumbre. Su función no es solo técnica: es un mecanismo de transparencia administrativa y control democrático del proceso de escolarización.
Datos Clave
- La ratio en Infantil de tres años pasó de 25 a 22 alumnos por aula en Andalucía para 2024-2025.
- La medida fue impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, liderada por María del Carmen Castillo.
- El Casco Antiguo de Sevilla registra mayor presión de demanda por la combinación de baja natalidad y alta rotación residencial turística.
- CECE reporta una caída generalizada de solicitudes, pero con fuertes disparidades entre los 11 distritos educativos de la ciudad.
- No se han previsto recursos adicionales para cubrir el aumento de aulas y personal derivado de la nueva ratio.
- Las comisiones de garantías aún no se han reunido, retrasando la resolución definitiva de las plazas.
¿Qué sigue para las familias andaluzas?
Las familias deben esperar hasta que se publiquen las listas provisionales y se celebren las comisiones. Mientras tanto, el sistema muestra una tensión estructural: una política bien intencionada, pero mal calibrada, que agrava desigualdades territoriales y genera inseguridad jurídica. La escolarización ya no es solo un trámite administrativo. Es un indicador de cohesión social, planificación urbana y gobernanza educativa.
