La reforma universitaria que el Gobierno español está impulsando ha generado un intenso debate, especialmente tras las críticas del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo. Este organismo ha emitido un dictamen que, aunque en términos generales es favorable, destaca múltiples riesgos jurídicos que podrían surgir de la nueva normativa. La ministra de Universidades, Diana Morant, se prepara para aprobar un real decreto que establece los requisitos para la creación de universidades en España, pero las advertencias del Consejo de Estado no pueden ser ignoradas.
### Riesgos Jurídicos y Autonomías
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la posible invasión de competencias autonómicas. El Consejo de Estado ha señalado que la norma podría vulnerar el derecho europeo de libre circulación y ha advertido sobre deficiencias en el procedimiento que podrían llevar a conflictos legales. A pesar de que el texto evita abordar la retroactividad de la norma, que podría haber intensificado las críticas, las alegaciones de diversas entidades, incluyendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han puesto de manifiesto la preocupación por la calidad académica y la regulación de las universidades privadas.
El real decreto ha sido diseñado para garantizar la calidad educativa, pero en la práctica parece estar más enfocado en las universidades privadas, imponiendo requisitos que dificultan su apertura. Este enfoque ha suscitado críticas no solo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sino también de regiones como el País Vasco, donde el PSOE gobierna en coalición con el PNV. Para abordar algunas de estas preocupaciones, el Gobierno ha hecho concesiones a las comunidades con lenguas cooficiales, otorgándoles ciertas ventajas en el proceso de creación de universidades.
El Consejo de Estado ha puesto de relieve que el carácter vinculante de los informes de las agencias de evaluación de calidad, como la Aneca, podría transformar la competencia autonómica en una mera formalidad. Si una comunidad autónoma recibe un informe negativo, no podría autorizar la creación de una nueva universidad, lo que limitaría su capacidad de decisión. La recomendación del Consejo es que estos informes sean obligatorios, pero no vinculantes, para evitar futuros conflictos legales.
### Condiciones y Requisitos Controversiales
El decreto también establece un umbral mínimo de 4.500 alumnos para que una universidad sea considerada viable. Aunque el Consejo de Estado no rechaza esta medida, la CNMC ha señalado que un requisito tan elevado podría limitar la entrada de operadores especializados o de ámbito local, restringiendo así la competencia. Si un juez considera que esta cifra es arbitraria, podría anular la previsión por desproporcionada.
Otro aspecto que ha generado controversia es la exigencia de que al menos el 75% del profesorado de las universidades virtuales resida en España o en otro país de la Unión Europea. Esta obligación ha sido criticada por el Ministerio de Trabajo y la CNMC, quienes advierten que podría vulnerar la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios. La falta de justificación objetiva para esta restricción podría llevar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie al respecto.
Además, el decreto incluye condiciones como la necesidad de contar con experiencia previa en gestión universitaria y la obligación de ofrecer alojamiento para el 10% de los estudiantes. La CNMC ha cuestionado la relación directa de estas exigencias con la calidad académica, sugiriendo que podrían actuar como barreras de entrada para nuevas instituciones educativas. El Consejo de Estado ha recomendado que la obligación de alojamiento se limite a aquellos estudiantes que no sean residentes, ya que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no menciona ninguna previsión sobre este aspecto.
Por último, el Consejo de Estado ha criticado la tramitación formal del decreto, señalando que la memoria que acompaña al texto no cuantifica adecuadamente el impacto presupuestario ni las cargas administrativas. Este tipo de defectos procedimentales podría ser suficiente para que un tribunal anule la norma por falta de motivación. Además, el Gobierno ha optado por modificar casi en su totalidad el vigente Real Decreto 640/2021, lo que ha incrementado la complejidad normativa y ha generado inseguridad jurídica, propiciando interpretaciones contradictorias.
El Consejo de Estado ha dejado claro que el Gobierno debe reconsiderar el decreto si no quiere enfrentar nuevos conflictos con las comunidades autónomas y la Unión Europea. La reforma universitaria, que se presenta como un intento de ordenar el mapa educativo y garantizar la calidad académica, podría terminar generando más problemas de los que pretende resolver.
