La reciente decisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) de incluir la prostitución en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) ha desatado un intenso debate en la sociedad española. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha manifestado su firme oposición a esta inclusión, argumentando que legitima la prostitución como una actividad económica normal y, por ende, contribuye a la normalización de la trata de personas y la explotación sexual. Este artículo explora las implicaciones de esta decisión y el contexto en el que se desarrolla.
La inclusión de la prostitución en el CNAE se realizó a través del Real Decreto 10/2025, publicado en enero de 2025, y ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores. UGT sostiene que esta medida no solo ignora la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución, sino que también perpetúa una forma de violencia de género. Según el sindicato, la mayoría de las personas involucradas en la prostitución son mujeres y niñas, muchas de ellas inmigrantes, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
### La Perspectiva de UGT y la Lucha por los Derechos de las Mujeres
UGT ha sido clara en su postura: la prostitución no debe ser considerada un trabajo legítimo. En su informe titulado “La prostitución no es un trabajo”, el sindicato argumenta que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y que su reconocimiento legal como actividad económica es un atentado contra los derechos humanos. La central sindical denuncia que la cosificación de las mujeres en el ámbito de la prostitución las convierte en meras mercancías, lo que es inaceptable en una sociedad que busca la igualdad de género.
El sindicato ha llevado su preocupación más allá de las fronteras nacionales, presentando una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). En esta reclamación, UGT argumenta que la legislación española actual no garantiza la protección adecuada para las mujeres y niñas que son víctimas de la prostitución o que corren el riesgo de serlo. La central sindical sostiene que esta situación vulnera varios artículos de la Carta Social Europea Revisada, que abogan por el derecho a un trabajo libremente elegido y la dignidad humana en la prestación de servicios.
La respuesta del Gobierno español ha sido trabajar en la exclusión de la prostitución de la CNAE. El Ministerio de Igualdad ha indicado que la inclusión de la prostitución en la guía interpretativa del CNAE fue un automatismo derivado de la práctica europea y que están en proceso de adaptar esta guía a la realidad española. La ministra de Igualdad ha enfatizado que el Gobierno está comprometido con la abolición de la prostitución y que se están realizando esfuerzos para garantizar que la legislación refleje esta postura.
### Implicaciones Sociales y Legales de la Inclusión de la Prostitución
La decisión del INE de incluir la prostitución en la CNAE tiene múltiples implicaciones sociales y legales. Desde un punto de vista social, la legitimación de la prostitución como actividad económica puede contribuir a la normalización de prácticas que son inherentemente explotadoras. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde la violencia de género y la trata de personas son problemas persistentes.
Además, la inclusión de la prostitución en el CNAE puede tener repercusiones en la forma en que se percibe a las mujeres que ejercen esta actividad. La sociedad podría comenzar a ver la prostitución como una opción válida de empleo, ignorando las realidades de coerción y explotación que muchas veces la acompañan. Esto podría desincentivar los esfuerzos para abordar las causas subyacentes de la prostitución, como la pobreza y la falta de oportunidades laborales para las mujeres.
Desde un punto de vista legal, la inclusión de la prostitución en la CNAE podría complicar la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. Al reconocer la prostitución como una actividad económica legítima, se corre el riesgo de desdibujar las líneas entre el consentimiento y la coerción. Esto podría dificultar la implementación de políticas efectivas para proteger a las víctimas de la trata y garantizar que se les brinde el apoyo necesario.
El debate sobre la prostitución en España no es nuevo, pero la reciente decisión del INE ha reavivado las discusiones sobre cómo abordar este complejo tema. La postura de UGT y otros grupos feministas es clara: la prostitución no debe ser considerada un trabajo, sino una forma de violencia que debe ser erradicada. Por otro lado, el Gobierno parece estar tomando medidas para abordar las preocupaciones planteadas, aunque el camino hacia la abolición de la prostitución y la protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un desafío.
En este contexto, es fundamental que la sociedad española continúe debatiendo y reflexionando sobre la prostitución y sus implicaciones. La lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos humanos debe ser una prioridad, y es esencial que se escuchen todas las voces en este debate. La prostitución no puede ser vista como una actividad económica más; es un fenómeno complejo que requiere un enfoque integral y sensible a las realidades de las mujeres involucradas.
