La reciente apertura de diligencias disciplinarias contra el juez Juan Carlos Peinado ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial español. Este magistrado se encuentra bajo la lupa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras recibir tres denuncias que cuestionan su actuación en casos de alta relevancia política. Las quejas, que provienen de figuras destacadas como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y miembros del partido Más Madrid, apuntan a irregularidades en la instrucción de casos que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid.
La situación se complica aún más debido a que las denuncias no solo se centran en la rapidez con la que Peinado ha manejado estos casos, sino también en errores significativos que han llevado al archivo de investigaciones. En el caso de Begoña Gómez, el ministro Bolaños ha denunciado que el juez actuó de manera irregular durante su interrogatorio como testigo, lo que ha llevado a cuestionar la imparcialidad y la independencia del magistrado. Por otro lado, la denuncia relacionada con el alto cargo del Ayuntamiento se basa en la supuesta desatención de Peinado a sus obligaciones judiciales, ya que dictó una prórroga en un caso de presunta malversación con un retraso de dos meses.
### Diligencias Disciplinarias: Proceso y Consecuencias
El CGPJ tiene la autoridad para abrir diligencias informativas cuando recibe quejas sobre la conducta de jueces y magistrados. Este proceso es el primer paso para determinar si se debe abrir un expediente disciplinario. En el último año, se han registrado más de 540 diligencias informativas, y de ellas, 24 han derivado en expedientes disciplinarios. Las sanciones pueden variar desde advertencias hasta traslados forzosos o expulsiones, dependiendo de la gravedad de la falta.
En el caso de Peinado, la apertura de estas diligencias no garantiza que se inicie un expediente disciplinario. Sin embargo, sí obliga al CGPJ a investigar si el juez se apartó de los principios de independencia y respeto a las partes involucradas. La duración media de tramitación de una diligencia informativa es de 56 días, aunque en casos de gran relevancia, como el de Peinado, este plazo podría extenderse considerablemente.
La jubilación del juez está prevista para septiembre de 2026, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si el procedimiento disciplinario podrá concluir antes de su salida del cargo. Esto añade una capa de complejidad a la situación, ya que las decisiones que se tomen en este proceso podrían tener un impacto duradero en la percepción pública de la justicia en España.
### Controversias en el Manejo de Casos Judiciales
Las denuncias contra Peinado no solo se limitan a su actuación en el caso de Begoña Gómez, sino que también incluyen su manejo de un caso de presunta malversación que involucra a Alfonso Sánchez Vicente, un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. La investigación se centra en un contrato de patrocinio firmado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con OkDiario, que ha sido objeto de críticas por el precio desorbitado pagado por un evento. La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que Peinado prorrogó la causa fuera del plazo legal, lo que ha llevado a la invalidez de muchas diligencias.
La respuesta del juez a estas acusaciones ha sido archivar el caso, argumentando que no había delito en el convenio firmado. Sin embargo, tanto Podemos como Más Madrid han recurrido esta decisión, alegando que la actuación de Peinado ha causado graves perjuicios a la investigación y ha favorecido a las defensas de los investigados. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha optado por abrir una vía disciplinaria, presentando una queja formal que ha llevado a la apertura de diligencias por parte del CGPJ.
La situación actual plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial en España y la capacidad del CGPJ para manejar casos que involucran a figuras políticas de alto perfil. La presión pública y mediática sobre estos casos podría influir en la forma en que se desarrollan las investigaciones y en las decisiones que se tomen en el futuro. A medida que el CGPJ avanza en su investigación, la atención se centrará en cómo se abordarán las irregularidades denunciadas y qué medidas se tomarán para garantizar la justicia y la transparencia en el sistema judicial español.
