El panorama político en España ha experimentado cambios significativos en los últimos años, especialmente tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023. La coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox ha dado lugar a un retroceso en derechos sociales y libertades, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad. Este artículo explora cómo estas alianzas han afectado a políticas de igualdad, derechos LGTBIQ+ y la memoria histórica, así como las implicaciones de estas decisiones en la vida cotidiana de los ciudadanos.
**Impacto en Políticas de Igualdad y Derechos LGTBIQ+**
Desde que el PP se vio obligado a pactar con Vox para gobernar en varias comunidades autónomas, se han implementado políticas que han recortado derechos previamente adquiridos. Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en la Comunitat Valenciana, donde la llegada de Carlos Mazón a la presidencia del Consell ha traído consigo la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias, un organismo crucial para la gestión de crisis. Esta decisión se tomó apenas un año antes de una tragedia que dejó 227 muertos, lo que pone de manifiesto la falta de previsión y compromiso con la seguridad pública.
Además, el PP y Vox han acordado modificar la ley trans, eliminando referencias a la diversidad sexual y estableciendo que cada centro educativo decida cómo abordar la identidad de género. Esta medida, que se asemeja a un ‘pin parental’ encubierto, permite a los padres veto sobre la educación de sus hijos en temas de diversidad, lo que podría tener consecuencias negativas en la formación de una sociedad inclusiva y respetuosa.
La criminalización de los migrantes también ha sido un tema recurrente en las negociaciones entre estas dos fuerzas políticas. En Jumilla, por ejemplo, se aprobó una moción que prohíbe a la comunidad musulmana celebrar eventos culturales en instalaciones públicas, un claro reflejo de la agenda xenófoba que Vox ha promovido. Este tipo de políticas no solo afectan a los migrantes, sino que también generan un ambiente de intolerancia que puede repercutir en la cohesión social.
**Reescritura de la Historia y Memoria Democrática**
Otro aspecto preocupante de la alianza entre el PP y Vox es la reescritura de la historia reciente de España. En varias comunidades, se han derogado leyes de memoria histórica que reconocían a las víctimas del franquismo y promovían la educación sobre este periodo oscuro. En Aragón, por ejemplo, se ha eliminado el Censo de Memoria Democrática y se han cancelado las Rutas de Memoria, lo que representa un intento de borrar la memoria colectiva de las injusticias sufridas durante la dictadura.
La derogación de estas leyes no solo afecta a la memoria de las víctimas, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la aceptación de la dictadura y sus consecuencias. La falta de reconocimiento de estos hechos históricos puede llevar a una desinformación generalizada y a la normalización de discursos que minimizan la gravedad de la represión franquista.
La situación en Extremadura es similar, donde la presidenta María Guardiola, apoyada por Vox, ha suprimido la Consejería de Igualdad y ha promovido una normativa que ignora la violencia machista y busca derogar leyes LGTBI. Estas decisiones no solo afectan a las políticas de igualdad, sino que también ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas que pertenecen a estos colectivos.
**El Futuro de los Derechos Sociales en España**
Con el ciclo electoral que se avecina, especialmente con las elecciones en Andalucía previstas para junio de 2026, es probable que el PP continúe escorando aún más sus posturas hacia la derecha en un intento por captar el electorado de Vox. Esta estrategia podría resultar en un aumento de las políticas de recorte de derechos y libertades, lo que plantea un futuro incierto para la igualdad y la inclusión en España.
La combinación de políticas antiinmigración, recortes en derechos LGTBI y la reescritura de la memoria histórica son solo algunos de los efectos visibles de esta alianza. La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y grupos de activismo deben permanecer vigilantes y movilizados para contrarrestar estos retrocesos y defender los derechos de todos los ciudadanos.
La situación actual en España es un recordatorio de que los derechos sociales no son un logro permanente, sino un proceso que requiere constante vigilancia y defensa. La historia ha demostrado que los retrocesos pueden ocurrir rápidamente, y es responsabilidad de todos trabajar para garantizar que no se repitan los errores del pasado.
