El Gobierno español está a punto de dar un paso significativo en su agenda legislativa relacionada con la justicia, al aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Esta reforma, que ha sido objeto de discusión durante casi 15 años, introduce cambios fundamentales en la forma en que se llevan a cabo las investigaciones penales en el país. Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la creación de la figura del fiscal investigador, que permitirá a los fiscales asumir la dirección de las investigaciones, un cambio que ha sido defendido por muchos juristas como necesario para modernizar el sistema judicial español.
### La Nueva Estructura de Investigación Penal
La reforma establece que la responsabilidad de dirigir las investigaciones penales pasará de los jueces a los fiscales. Esto significa que serán los fiscales quienes decidirán los pasos a seguir para esclarecer los delitos, mientras que los jueces tendrán un papel más limitado, actuando como garantes de los derechos de las partes involucradas. Durante la fase de investigación, los jueces solo intervendrán para autorizar medidas que puedan afectar derechos fundamentales, como la prisión provisional o las escuchas telefónicas.
El texto de la reforma, que se enviará a las Cortes para su tramitación, también incluye cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Uno de los cambios más significativos es que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y no coincidirá con el del Gobierno, lo que busca garantizar una mayor independencia del Ministerio Público. Además, se limitará la acusación popular, restringiéndola a ciertos delitos y exigiendo un vínculo legítimo con la causa para poder ejercerla.
Este nuevo modelo de investigación penal ha sido respaldado por diversos organismos, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Sin embargo, también ha generado críticas, especialmente en relación con el riesgo de politización de las investigaciones. Los detractores argumentan que esta reforma podría permitir al Gobierno influir en las decisiones de los fiscales, lo que podría comprometer la independencia del sistema judicial.
### Implicaciones y Desafíos de la Reforma
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un intento de alinear el sistema judicial español con el de otros países europeos, donde los fiscales suelen tener un papel más activo en la dirección de las investigaciones. Este cambio es visto como una forma de mejorar la eficacia del sistema judicial, ya que los fiscales son considerados los más capacitados para determinar qué pruebas son necesarias para sostener una acusación en juicio.
Sin embargo, la implementación de esta reforma no será inmediata. Aunque se espera que el proyecto sea aprobado en el Congreso, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028. Esto significa que no afectará a los procedimientos judiciales en curso, incluyendo casos de alto perfil que actualmente están siendo investigados. Por ejemplo, la causa contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no se verán afectadas por estos cambios.
La reforma también incluye recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ha instado a España a fortalecer la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal. Estas recomendaciones han llevado a la inclusión de medidas que prohíben al Gobierno solicitar a los fiscales que promuevan actuaciones en casos específicos, así como a limitar la posibilidad de que el fiscal general comparezca ante el Consejo de Ministros.
A pesar de las críticas y preocupaciones sobre la politización de la justicia, muchos juristas consideran que esta reforma es un paso necesario hacia un sistema judicial más eficiente y justo. La creación de un modelo donde los fiscales asuman la instrucción de las causas penales podría ayudar a resolver las disfunciones actuales en la cooperación jurídica internacional y mejorar la percepción de la justicia en España.
En resumen, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal representa un cambio significativo en la estructura de la justicia penal en España. Con la creación de la figura del fiscal investigador y la modificación de la relación entre el Gobierno y el Ministerio Público, se espera que esta reforma no solo modernice el sistema judicial, sino que también fortalezca la independencia del Ministerio Fiscal, aunque su implementación y efectividad dependerán de cómo se gestione su aplicación en los próximos años.
