Las universidades públicas de Madrid están en pie de guerra. Las plataformas que agrupan a las seis instituciones de educación superior han anunciado una huelga de dos días, programada para finales de noviembre, en respuesta a lo que consideran un presupuesto insuficiente por parte del Gobierno regional. La situación ha generado un clima de tensión y movilización entre estudiantes y profesores, quienes exigen una revisión profunda de la financiación destinada a la educación pública.
### Contexto de la Huelga
La decisión de convocar esta huelga se deriva de la reciente aprobación del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026. Aunque el Gobierno regional ha anunciado un aumento del 6,5% en la financiación de las universidades, las plataformas han manifestado su escepticismo. Según sus análisis, este incremento no representa un avance real, ya que la financiación pasaría del 0,44% al 0,46% del PIB regional, lo que consideran un presupuesto estancado que perpetúa la infrafinanciación.
Las universidades afectadas incluyen la Complutense, la Rey Juan Carlos, la Carlos III, la Autónoma, la Politécnica y la de Alcalá de Henares. En un comunicado conjunto, las plataformas han subrayado que su exigencia es que el presupuesto universitario alcance al menos el 1% del PIB de la Comunidad de Madrid. Este objetivo se ha convertido en un mantra para los defensores de la educación pública, quienes argumentan que la falta de recursos está afectando la calidad de la enseñanza y la investigación.
La convocatoria de huelga está programada inicialmente para los días 26 y 27 de noviembre, aunque se espera que se definan más detalles en las asambleas de los estudiantes y profesores. La posibilidad de una huelga indefinida no se descarta si las demandas de financiación no son atendidas. Las plataformas han dejado claro que la lucha por una educación pública de calidad es una prioridad y que están dispuestos a intensificar sus acciones si es necesario.
### La Lucha por la Educación Pública
El movimiento estudiantil y de profesores ha enfatizado que la huelga no solo es una respuesta a la situación presupuestaria, sino también una reacción a la inminente tramitación de la Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc). Esta ley, que se encuentra en proceso de discusión, ha suscitado preocupaciones entre los defensores de la educación pública, quienes temen que pueda llevar a una mayor privatización y a un deterioro de la calidad educativa.
Las plataformas han manifestado su intención de movilizar a toda la sociedad madrileña en defensa de lo público. Su objetivo es que el coste político de atacar a las universidades públicas sea lo más alto posible para el Gobierno regional. En su comunicado, han afirmado: “Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian”. Esta frase resume la determinación de los estudiantes y profesores de luchar por sus derechos y por una educación accesible y de calidad.
La movilización se intensificará en los próximos meses, coincidiendo con el periodo de exámenes y la aprobación final de los presupuestos en la Asamblea de Madrid. Las plataformas están trabajando para asegurar que su mensaje llegue a un público más amplio, buscando el apoyo de la comunidad en general. La idea es que la lucha por la educación pública no sea vista como un problema exclusivo de los estudiantes y profesores, sino como una cuestión que afecta a toda la sociedad.
La situación actual en las universidades públicas de Madrid es un reflejo de un problema más amplio que afecta a la educación en España. La falta de financiación adecuada ha llevado a un deterioro en la calidad de la enseñanza y a un aumento en la precariedad laboral entre el personal académico. Los estudiantes, que son el futuro del país, se ven afectados por esta crisis, lo que ha llevado a un creciente descontento y a la necesidad de movilización.
A medida que se acercan las fechas de la huelga, la presión sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid aumentará. Las plataformas han dejado claro que no se detendrán hasta que se logren cambios significativos en la financiación de las universidades. La lucha por una educación pública de calidad es un tema que resuena en toda la sociedad, y la respuesta de los estudiantes y profesores de Madrid podría sentar un precedente para otras comunidades autónomas en España. La educación es un derecho fundamental, y su defensa es una tarea que requiere el compromiso de todos.
